Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, pero desde la primera marcha contra los femicidios por NiUnaMenos, se cambió la concepción de que sea una fecha de celebración a una fecha de lucha por parte de los colectivos feministas y de la sociedad en general.
Las cifras, según el Observatorio Mumalá, siguen en escala y cada vez son peores. Políticas que no sirven, organismos ineficientes y fallas en los tres poderes son, según aseguró su referente y coordinadora de C.A.B.A., Victoria Aguirre en diálogo con Tiempo judicial, algunos de los ítems que hacen insuficiente el freno a una realidad: Las están matando.
Los números actualizados a hoy dan cuenta de que desde el primero de enero hubo 78 muertes violentas de mujeres, travestis y trans y lesbianas. De esas, 62 son Femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios. Ocurre un femicidio cada 29 horas.
Hay 10 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales (narcotráfico, venganzas, deudas) y 10 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación. Ocurrieron cuatro suicidios de femicidas, y 71 intentos de femicidos.
¿Cómo se puede combatir estos números?
El dos de marzo presentamos un proyecto de ley pidiendo la declaración de la emergencia. Plasmamos lo que venimos insistiendo durante todo este año de pandemia, porque notamos que, independientemente de tener un Ministerio asignado, las políticas no fueron para nada eficientes. Hubo mucho tiempo desperdiciado en tratar de implementarlas y se hizo a medias. Somos un país federal, y como tal, hay muchas desigualdades entre las provincias. Primero hay que hacer un mapeo general para ver cuál es el estado de situación.
¿Existe algún tipo de informé sobre eso?
Desde Mumalá, que hacemos el registro de femicidios, tenemos un recorrido en cuanto a que es lo que sucede en las jurisdicciones. El hecho de estar acompañando a víctimas de violencia por cuestiones de género nos lleva a tener que conocer lo que está pasando en el territorio. Desde saber si existe una comisaria amigable, de la mujer o a fin que le pueda tomar la denuncia hasta cómo funcionan las fiscalías.
¿Y cómo fue la situación durante la pandemia?
Lo que pasó fue que muchos de esos espacios se vieron disminuidos en personal, que en realidad jamás contaron con los profesionales necesarios, y la reducción de personal fue absoluta en algunos casos y muy complicados a la hora de tener que llevar adelante. Esto recrudeció el acceso a la justicia.
También es uno de los ejes del reclamo ¿Qué ocurre con las cuestiones de género y la justicia?
El reclamo es por el acceso a la Justicia, pero no en los términos que se plantean con la Reforma Judicial. No es el único problema, entendemos que más allá de que por supuesto la justicia termina siendo uno de los pilares donde se exigen determinados derechos o su cumplimiento, la reforma no nos va a garantizar que terminemos con la violencia. No nos podemos olvidar la responsabilidad del Estado, de los tres poderes y puntualmente del Poder Ejecutivo.
¿No las leyes existentes son insuficientes?
Argentina tiene unas leyes pioneras en materia de género y en consagración de derechos en general, pero sin embargo lo que nos faltan son los órganos ejecutores. La justicia se supone que es la última instancia, es donde vos fuiste por distintos caminos, eso no prosperó y entonces vas a la justicia a pedir el cumplimiento. Si vamos a la justicia a pedir que juzguen a un femicida llegamos tarde.
¿Y cuál es el cambio que se debería tener en la justicia?
Creemos que lo que hay que hacer en el órgano judicial es empezar a mover las capas y que empiecen a tener un poco de perspectiva, a meterla como parte de una lectura completa al caso que tengan. Nos parece que es lo fundamental, la reforma me parece que va por otro carril y tiene que ver con otras cosas, que hoy sea un disparador hacia ese costado porque es conveniente es otro tema.
¿Qué se debería hacer desde el Estado para poder terminar con esta situación?
El punto es que se va a hacer la denuncia y duerme en un cajón, tenemos que tener la posibilidad de monitorear, tener un registro de violencia, esa denuncia se tiene que registrar en algún lugar y que quede pasmado que ocurrió. El órgano que sea competente tiene que tener un seguimiento de esa situación. Los números no mienten, el 25 por ciento tienen denuncias previas, y eso es un 25 que se pudo haber evitado con un abordaje inmediato.
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