En el medio de una sentencia muy criticada hace pocos días en los tribunales de San Martín cuando fue absuelto el ex cura Carlos Eduardo José por abusos sexuales en el Instituto San José Obrero, en Caseros, los últimos días fueron alentadores para las víctimas que siguen buscando Justicia en este tipo de casos judiciales.         

Es que el pasado lunes 29 de marzo fue un día histórico para las víctimas de abuso sexual que luchan por Justicia porque se cumplieron 5 años del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena al abusador de Sebastián Cuattromo en el Colegio Marianista. El excura Fernando Enrique Picciochi fue condenado en 2012 a 12 años de prisión efectiva por “corrupción de menores calificada y reiterada”. Y un 29 de marzo de 2016, quedó firme su condena tras 26 años donde Sebastián Cuattromo en el 2000 inició un arduo camino en los tribunales tras superar el dolor y convertirlo en lucha colectiva.

El mismo día de este año 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 2 condenó a un entrenador de fútbol que abusó de tres chicos que solían asistir a una cancha ubicada dentro del barrio 31 de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires. El hombre de 49 años está detenido. 

Todos los episodios de abuso ocurrieron mientras el hombre ejercía como entrenador de fútbol en una canchita del barrio 31. Además del análisis de las declaraciones en Cámara Gesell, la fiscalía tuvo en cuenta los informes psicológicos y psiquiátricos realizados por el Cuerpo Médico Forense, que dieron cuenta de la solidez de los relatos y cómo habían resultado afectados los niños por estos abusos.

En el fallo al que accedió Tiempo Judicial, los jueces Juan Ramos Padilla, Cecilia Maiza y Gustavo Goerner consideraron que el “entrenador era responsable de los delitos de abuso sexual simple agravado por ser el imputado el encargado de la educación en grado de tentativa  en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado”. Así como le imputaron los delitos de “corrupción de menores agravado, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el imputado el encargado de la educación”.

En su alegato, el fiscal Sandro Abraldes había solicitado la misma pena, al considerar que el imputado desplegó un avasallamiento total sobre las víctimas: “No los reconoció como personas, fueron para él cosas que sirvieron para desplegar sus deseos sexuales”. “Se acercaba a niños carentes de figura paterna y se ponía en ese rol como forma de lograr su propósito”, agregó el fiscal.