Continúan las críticas, que aceleran la crisis que sufre la justicia, al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, luego de que se conocieran las visitas que realizó al ex presidente Mauricio Macri.

En esta ocasión, los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma, integrantes del Máximo Tribunal Penal del país, pidieron mediante este oficio al que accedió Tiempo Judicial una reunión de todos los miembros, pero con la particularidad de que Hornos no asista. Además, señalaron que el tribunal atraviesa una “crítica situación”.

“Las circunstancias actuales que lo inhabilitan – a Hornos - para continuar a cargo de la cuestión que lo vincula, fuerzan a que se aparte en forma inmediata para el tratamiento por parte del pleno de una crisis de inédita y creciente magnitud, que merece la debida corrección”, explica el oficio firmado el día de ayer.

Cabe recordar, que Slokar es actualmente presidente de la sala segunda de la Casación y vicepresidente del tribunal, mientras que la jueza Ledesma integra la sala cuarta y fue presidenta del cuerpo durante el 2020. El actual titular de esta sala es el cuestionado Mariano Borinsky.

Los cuestionamientos a la Cámara comenzaron luego de que se comprobaran visitas, tanto en la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos, por parte jueces. Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y al fiscal Raúl Pleé, son algunos de los nombres señalados.

Otras críticas

En tanto, la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (Anjut), opinó sobre a las conductas de los jueces y lamentó el accionar de los mismos. Desde la asociación, se aclaró que no representan a la mayoría de los magistrados que son personas “honestas, probas y dedicadas”

“La conducta que se ha denunciado mediante fuertes evidencias respecto de un reducido y localizado grupo de jueces y miembros del Ministerio Público del fuero federal de la Nación, no refleja en modo alguno la labor cotidiana de juezas, jueces, fiscalas, fiscales y demás funcionaras y funcionarios de nuestro país”, señalaron miembros de Anjut, y afirmaron que dicho comportamiento no “se ajusta a la Constitución y a los tratados internacionales de Derechos Humanos que nos rigen”.

En esa sintonía, subrayaron que “una ínfima minoría no puede empañar a quienes estamos muy lejos de actos como los denunciados, ya que por el contrario, honramos cotidianamente el juramento efectuado al asumir tan grande responsabilidad”.