La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dictó ayer un fallo en la causa que tiene en el banquillo de acusados a cuatro ex mandos militares, Eduardo Gassino, Belisario Affranchino Rumi, Miguel Ángel Garde y Gustavo Adolfo Calderini, por torturas durante la Guerra de Malvinas a soldados argentinos durante el desarrollo del conflicto bélico en 1982.

Hoy, el fallo firmado por los camaristas Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo y Aldo Suarez, confirmaron los procesamientos de ex militares por los delitos de imposición de tormentos considerados de lesa humanidad. El fallo volcó la investigación sobre "18 hechos de torturas, consistentes en estaqueamientos y enterramientos, entre otras vejaciones, aplicados a soldados que se quejaban por la falta de comida o, directamente, buscaban conseguirla por sus propios medios".

En diálogo con Tiempo Judicial, el abogado del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (C.E.C.I.M) La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, destacó los tres puntos centrales sobre la resolución de la cámara de apelaciones y explicó como continuará el juicio que tiene como objetivo restituir a los ex combatientes la verdad y la justicia.

En primer lugar, Guerrero Iraola consideró que es importante “que la justicia entendió, sobre todo la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que los hechos investigados configuran crímenes de lesa humanidad”.

“Es central porque evacua cualquier tipo de duda respecto a la caracterización. Si bien la especie es la tortura, como delito concreto, en términos generales es un delito de lesa humanidad y no puede prescribir. Además, se van a activar todos los mecanismos que el Estado asumió en materia de derechos humanos”, destacó.

El segundo punto de importancia, para el abogado del organismo que impulsó la causa, es que se cumple con “la obligación del Estado a investigar, las obligaciones que se asumieron del derecho a la verdad y garantizar la justicia las víctimas no puede verse interrumpido por ningún tipo de situación fáctica o jurídica”, y recordó que la defensa de los acusados intentó utilizar la prescripción, y hay que reconocer que todo lo que intente limitar el acceso a la justicia vulnera derechos”.  

Otro elemento importante es el procesamiento. “Toma en cuenta las declaraciones de las víctimas y pone los testimonios como verosímiles y centrales”, enfatizó el abogado, y advirtió que “si hay contradicciones hay que dirimirlas en el juicio, pero las víctimas hablaron e identificaron a sus torturadores, detallaron como y donde fueron torturados, por eso ya hay pruebas suficientes. También, hay documentación oficial que reafirma lo dicho”.

La causa, explicó el representante legal de CECIM, continuará con nuevos llamados para presentar declaración indagatoria el 13 de abril, y concluyó: “Quedan 82 personas por declarar. El sentido y la contundencia de la resolución de ayer es importante. La memoria, verdad y justicia tiene que prosperar, estamos construyendo el Nunca Más de Malvinas y tenemos seguir exigiendo al Poder Judicial que termine la etapa de instrucción para continuar con el juicio oral y público en relación a los 92 militares denunciados por 105 casos de tortura”.

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