Casación Federal sobreseyó a Cristina Kirchner por la política económica implementada con los dólares “futuro” que fue investigada y enviada a juicio oral por el juez Claudio Bonadio. Es la causa en la cual el pasado 4 de marzo dio un discurso político antes estos mismos jueces que hoy la sobreseyeron.   

La decisión de los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa tiene más impacto político que judicial, ya que “dólar futuro” es, de todas las causas que tiene CFK en su complejo entramado judicial, la que menos la compromete.

El juez Bonadio tomó la denuncia realizada por el diputado de Cambiemos, Mario Negri, en la cual expuso que “(e)ntre los meses de septiembre y noviembre de 2015, el Banco Central de la República Argentina negoció en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) contratos de dólar futuro a valores inferiores del precio de mercado, transgrediendo lo establecido en su Carta Orgánica (texto según ley nro.26.739)".

La instrucción llevada adelante por el fallecido magistrado entendió que debía procesarse a todos los involucrados en esta medida económica llevada adelante por el gobierno de CFK porque "como resultado neto de las operaciones a futuro de los contratos negociados por el B.C.R.A. en los mercados de ROFEX y MAE, se verificó una pérdida entre septiembre de 2015 y el 30 de junio de 2016 de cincuenta y cuatro mil novecientos veintiún millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos dos pesos con cuarenta centavos ($54.921.788.702,40) " lo que el magistrado consideró como el delito de defraudación a la administración pública.

En su presentación del 4 de marzo, la ex presidenta apuntó contra el Poder Judicial señalando que “estaba podrido y que el lawfare seguía vigente” e hincapié en su discurso contra esta causa impulsada por Cambiemos criticando también su endeudamiento con el FMI y a los denunciantes de la causa, Mario Negri y Federico Pinedo.

"La causa es un leading case del lawfare", sentenció Cristina Kirchner criticando al fiscal Carlos Stornelli y al juez Gustavo Hornos como "representantes del lawfare". "Y me quieren hacer creer que el Poder Judicial es independiente", se preguntó CFK en vivo en cadena nacional ante "funcionarios que parecen una aristocracia en el Poder Judicial".

Hoy, un poco más de un mes después de su alocución, los jueces que la escucharon decidieron que no había delito en un fallo unánime y así según el fallo al que accedió Tiempo Judicial dictaron el sobreseimiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, del ex titular del BCRA, Alejandro Vanoli Long Biocca, y los restantes funcionarios que en 2015 intervinieron en la política económica del país y fueron llevados a la Justicia por estas decisiones. Ellos son: Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán.

El párrafo más destacado de la sentencia remarcó varios conceptos sobre la discusión de la política partidaria de llevar todo tipo de conflictos a la escena judicial, la llamada “judicialización de la política”, en la cual en este caso los tres camaristas de distintas posturas políticas como Barroetaveña, Petrone y Figueroa coincidieron en que no hubo respeto del debido proceso y que hubo una "atipicidad en el delito denunciado".

“El Poder Judicial en todo Estado de Derecho tiene la obligación constitucional y de derecho interno de entender y poner fin a contiendas, como en el presente caso sometido a control jurisdiccional, que se han mantenido a través del tiempo, produciendo incertidumbre entre los justiciables y creando desconcierto entre la comunidad jurídica, cuando ante la atipicidad de un delito denunciado, se persiste en continuar sometido a proceso a personas con la imposición de medidas cautelares que dañan su vida, patrimonio y honor”, destacaron los camaristas integrantes de la Sala I del Máximo Tribunal Penal del país.

“La vigencia de la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, el respeto al debido proceso y su resolución en tiempo oportuno, son los pilares que sostienen a toda sociedad democrática y consolidan la credibilidad de la justicia", argumentaron los camaristas en esta causa que llega a su fin para ex funcionarios kirchneristas y algunos actuales como el gobernador bonaerense y la vicepresidenta.

En detalle económico, otro párrafo de la sentencia destaca que "la compra-venta de divisas, de contado y a futuro, constituye una de las facultades del BCRA dispuestas por la legislación que lo regula, en tanto sea efectuada a precio de mercado. Por ello, el ejercicio de la administración y manejo de los fondos del BCRA, realizado por sus autoridades en el periodo cuestionado mediante los contratos de dólar futuro celebrados, no resultó abusiva ni infiel, por cuanto se dio acabado cumplimiento a la manda legal –venta de divisas a término a precio de mercado-, conforme surge de las conclusiones de la pericia contable reseñadas". Es decir, la política económica no es motivo judicializable.