La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires emitió un Informe Anual de Gestión que contempla de marzo 2020 a marzo del 2021, en el cual, con un contexto particular de emergencia sanitaria por el covid-19, se llegaron a realizar más de 30 millones de tramites judiciales y hubo un total de 627.599 sentencias y resoluciones.

Según la administración de Justicia del organismo, el volumen de trabajo representó el 86% con relación al mismo período de 2019 al 2020. Pero, destacó que se registró más de 19 millones de notificaciones y presentaciones electrónicas, casi tres millones más que el ciclo anterior.

Por el contrario, y contextualizado en la pandemia, el ingreso a los distintos fueros e instancias fue de 840.588 causas, que representan sólo el 76% de las causas ingresadas el año anterior. La utilización de los recursos digitales, significó que un poco más de 446 mil causas sean ingresadas exclusivamente de forma judicial.

Con la aplicación de las medidas restrictivas, el Poder Judicial también debió sostenerse con el trabajo a distancia y se realizaron 153.158 reuniones/audiencias virtuales, y, según el propio informe: se otorgaron más de 14.000 credenciales de acceso remoto, alcanzando picos de 8600 magistrados, funcionarios y agentes judiciales conectados diariamente.

Sentencias y resoluciones

El análisis anual develó que durante los 12 meses la Suprema Corte dictó 7.103 sentencias y resoluciones registrables, un sorprendente aumento del 48 % más que en el mismo período de 2019. También, se registró que los Tribunales de Alzada, en todos los fueros, dictaron 103.607 sentencias y resoluciones. Esta cifra está un 14% más versus el periodo anterior.

En cuanto a los Juzgados de Primera Instancia, se dictaron casi 444 sentencias y resoluciones, con una baja del 25% en comparación. Los Juzgados de Paz dictaron más de 80 mil fallos y resoluciones.

El informe enfatizó que los números indican que “las innovaciones implementadas exhiben, en datos objetivos, la franca superación de la parálisis generada al desatarse la pandemia, en marzo del año pasado”, y se añadió que todo fue “fruto del diálogo con los distintos sectores de la comunidad jurídica, ha logrado acrecentar progresivamente los niveles de la actividad prestacional”.

“La crisis impone continuidad en las reformas, su evaluación y mejora, y la programación e implementación de aquellas que habrán de sucederlas. Todo con el norte puesto en la tutela efectiva de los derechos en la Provincia”, concluyó la publicación.