El Máximo Tribunal de Justicia, a través del secretario de asuntos originarios Alejandro Rodríguez, reunió a ambas partes tras el amparo con medida cautelar interpuesto por GCBA cuestionando al Gobierno Nacional que recortó fondos coparticipables. ¿Será un principio de acuerdo mediado por la Corte? Este es el amparo presentado por GCBA.
Según fuentes judiciales, la Corte Suprema dispuso darle traslado de la demanda al gobierno nacional con un plazo de 60 días hábiles y también convocar a una audiencia para el día 21 de abril, a las 11, de la que participaron los representantes legales de ambos, la Ciudad y la Nación. Hoy fue la primera reunión, y tendrá otra el 12 de mayo.
Estuvieron presentes por el lado del gobierno porteño: el procurador general de la C.A.B.A., Gabriel Astarloa, Martín Mura, Ministro de Hacienda y Finanzas; y Marcelo D'Alessandro - Secretario de Justicia y Seguridad, aunque la abogada María Cristina Cuello de la procuración es quien lleva el expediente. En tanto, por el lado por el Estado nacional fueron tres abogados del Ministerio de Economía que suelen litigar ante la Corte: Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson. Con el patrocinio letrado del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y por el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Pedro Diez.
"No es una audiencia pública en la cual están presentes los ministros de la Corte, sino que es una reunión con los abogados de las partes y el secretario de Juicios Originarios de la Corte de forma presencial para iniciar el proceso. El procurador entendió que es competencia originaria de la Corte, se corre traslado y se invita a las partes a una reunión con el secretario, se empieza el proceso. No es que la Corte pueda decidir si interviene o no, debe intervenir como en cualquier juicio que se inicia, se corre traslado y luego se ven las posiciones de las partes", informaron fuentes dentro del Máximo Tribunal a Tiempo Judicial sobre esta primera reunión formal entre las partes.
Hay que rebobinar la historia en medio de la pandemia hacia el pasado 10 de septiembre donde en conferencia de prensa el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó el decreto de Alberto Fernández que modificó el coeficiente equivalente a la coparticipación federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para destinarlos al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
El amparo argumentó que el decreto del Poder Ejecutivo nacional implicó "la reducción de dicho coeficiente como un acto unilateral del PEN y una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad".
Por otro lado, agregó que “la Ciudad aporta alrededor del 22% del Producto Bruto Nacional y recibe el 3,5% de coparticipación, es decir, de cada $100 que da recibe $15”, y precisó: “Estos fondos se siguen invirtiendo para construir una Policía de la Ciudad cercana a la gente, capacitada y con la mejor tecnología”.
La decisión del gobierno porteño viene de la mano de la medida que tomó el Gobierno Nacional el 9 de septiembre pasado a través del decreto 735/2020 que se dictó como consecuencia del reclamo por aumento salarial de la policía bonaerense, medida que fue cuestionada desde distintos sectores por la modalidad adoptada debido a que rodearon la Quinta de Olivos.
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