Diez exmilitares, todos exsuboficiales de las fuerzas armadas, fueron citados a indagatoria para enfrentar cargos por aplicar torturas en la guerra de Malvinas a soldados argentinos. Declararán en videoconferencia entre el 16 de junio y el 7 de julio próximos, según fuentes judiciales.
Mariel Borruto, la jueza Federal de la ciudad de Río Grande, fue quien los citó a prestar declaración indagatoria. De acuerdo con el detalle de la convocatoria, el primero de los citados es Luis Alfredo Manzur, el 16 de junio a las 10.30, mientras que el 17 de junio a la misma hora declarará Ramón Antonio Linares, el 22 de junio Pablo Emilio Hernández, el 23 de junio Claudio Tamareu y el 24 de junio Jorge Arnaldo Romano.
En diálogo con Tiempo Judicial, PabloVassel, ex secretario de derechos humanos de Corrientes e impulsor de investigaciones sobre el maltrato de los ex combatientes, opinó que “el hecho es muy auspicioso, importante y es un paso más en el avance de la justicia”.
Según explicó, en mayo del 2018, la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación realizó una presentación de casi 100 hojas en la que tomó todos los hechos denunciados por oficiales y suboficiales pertenecientes al regimiento 5 de paso de los libres y de la tercera brigada de infantería de Curuzú Cuatia.
De los hechos denunciados y de la aplicación la normativa militar vigente en el momento de los hechos, se desprendió que había 26 oficiales y sub oficiales imputados por la de tortura a sus soldados. Vassel, afirmó que cuando Borruto tomó la causa, suspendió las indagatorias con el argumento de que no tenia personal para tomar tantas indagatorias ni espacio físico.
“Esto generó un enorme malestar y repudio de las víctimas e incluso de organismos de derechos humanos”, relató y explicó que “la magistrada dispuso en reactivar la causa y llamar, con un ritmo preocupantemente lento, a todos los señalados en la causa”. La magistrada, en los próximos meses, recibirá el testimonio de los acusados y resolverá con continuará su situación procesal. En tanto, seguirá con la recolección de pruebas para avanzar en el proceso penal que investiga las torturas sufridas por los soldados en el campo de batalla durante la guerra de Malvinas.
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