Una jueza salteña ordenó respetar la voluntad de un niño wichí de ocho años para no someterse a una operación riesgosa por una hemorragia intracerebral. Las secuelas del tratamiento que le plantearon los médicos incluía la posible pérdida de la vista, la perdida de movilidad de un miembro, o incluso la muerte. La familia prefiere que la enfermedad siga su curso natural.
El niño, del que reservaremos el nombre, vive en Rivadavia Banda Sur en la provincia de Salta junto a sus padres. Después de sufrir una hemorragia intracerebral, ingresó a terapia con dificultad motora y trastorno del lenguaje. En febrero de este año le realizaron una angiografía cerebral en el Hospital Público Materno Infantil, donde se detectó el origen de la patología (una hemorragia intracerebral parieto-occipital izquierda) y una junta médica propuso un tratamiento que incluía una "curación vascular" y después una cirugía.
Mientras se esperaba que lleguen los materiales para el tratamiento, el niño tuvo una mejoría y los padres solicitaron el alta voluntaria por cuatro días prometiendo volver pero no lo hicieron. Ante esto fueron buscados por el servicio social y allí fue cuando le comunicaron que no querían realizar el tratamiento debido a los riesgos de este. El caso llego a la Justicia que ordenó una audiencia con todo el personal médico, un referente de la comunidad indígena, y un intérprete.
En la audiencia los padres explicaron que tienen otra cosmovisión, otros medicamentos y otras formas de curar con medicina natural. Y por eso se opusieron al tratamiento. El niño también sostuvo que no quería operarse. Aunque los médicos sostuvieron que el tratamiento tiene "tiene altas probabilidades de ser bueno", el asesor de incapaces provincial Cristian Babicz consideró que el "pronóstico resulta totalmente incierto".
Ante esto, la jueza de Familia de Orán, Ana María Carriquiry, sostuvo en su fallo del 29 de abril que " el tratamiento que se prescribe como el no sometimiento a la intervención tienen posibles consecuencias similares de extrema gravedad" y por ello corresponde respetar la voluntad del niño.
El niño "va a la escuela, habla perfectamente, juega con sus amigos. Conoce el diagnóstico, conoce las secuelas, pero prefiere, él y su familia, no operarse" dice la jueza en la sentencia a la que accedió Tiempo Judicial. "No es una decisión fácil respetar dicha voluntad, pero es la que resulta más respetuosa de su dignidad, del derecho a decidir, frente a las graves consecuencias que podría aparejar la intervención quirúrgica", concluye.
No obstante, la magistrada ordenó que de manera bimestral el niño sea trasladado a la ciudad de Salta Capital, para el control de la evolución de la patología y en ese control se renueve el consentimiento del niño y sus progenitores. "Es esencial que cuenten con el diagnóstico actualizado para poder decidir, y que si cambian de opinión, puedan acceder a los tratamientos disponibles", explicó. Además ordenó que la sentencia sea traducida al wichí para asegurar el acceso a la justicia de la comunidad.
Comentarios recientes