La disputa que se generó luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dio su apoyó al Gobierno porteño, levantó voces a favor y en contra. En este caso, tres referentes de la justicia y política argentina opinaron a favor de dicho fallo y resaltaron la importancia de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
El ex ministro de Justicia, ex camarista y jurista, Ricardo Gil Lavedra, opinó esta mañana en Radio con Vos que “la Corte a establecido ciertos limites al ejercicio del poder”. “Incluso ha reivindicado su papel como Tribunal institucional, en el sentido de tutelar los derechos que consagra la Constitución y también el ejercicio de las atribuciones de los poderes instituidos”, señaló el letrado que integró el tribunal que juzgó a las Juntas Militares en 1985.
Con respecto a la resolución, afirmó que “la Corte dijo que el decreto no justificaba debidamente que la propagación del virus se debía a las clases, habrá que esperar en qué términos sancionan una ley de delegación y cuáles son las bases de la delegación legislativa”.
Además, opinó sobre los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner: “Es un desacuerdo profundo, porque es sobre cómo funciona la democracia constitucional. Creo que detrás de las críticas, en el funcionamiento de la justicia está la idea de una democracia puramente mayoritaria. Es decir, que el que gana las elecciones no puede tener ningún tipo de obstáculos. Los jueces no pueden ser un obstáculo a las decisiones de la mayoría”.
En esa sintonía, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló en Radio Mitre que “la ciudad de Buenos Aires, si bien no es una provincia, ocupa el mismo lugar que las provincias en la silueta del Estado federal”.
“Dentro del Estado federal están las facultades propias que tiene el Gobierno federal y las que tiene la cuidad autónoma y las provincias y cada una las ejerce sin que otros se puedan meter”, remarcó.
En tanto, destacó que “la causa es abstracta, porque el DNU, objeto de impugnación, dejó de existir el pasado viernes, no podían declarar la inconstitucional una norma que no existe, es como matar a un muerto”, y explicó que la corte realizó un fallo exhortativo, indicativo e institucional.
“Los DNU lo desgasta al presidente y lo hace asumir en soledad toda la responsabilidad de la administración de la pandemia, entonces una ley marco donde se establezca que se pasa a una fase u otra con determinados índices haría que los gobernadores asumieran responsabilidad”, aseveró.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, fue crítico con el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter y apunto: “Me preocupa la reacción del presidente Alberto Fernández ante la decisión de la Corte sobre las clases presenciales. No corresponde que un presidente denigre una sentencia judicial e insinúe que no la va a acatar (aunque diga que reivindica el Estado de derecho)”.
Como antecedente, Vivanco ya se había mostrado crítico cuando en febrero declaró que “según principios de DDHH, el orden de acceso a la vacuna debe ser trasparente y basarse en criterios de salud pública, no en afinidades ideológicas o cargos de gobierno”, al referirse a los escándalos por las llamadas “vacunas vip”.
“Ante los escándalos en Perú y Argentina, los gobiernos de la región deben establecer salvaguardas para evitar más abusos”, deslizó en ese momento el director de Human Rights Watch.
Comentarios recientes