En el decimoquinto dictamen aprobado el pasado 30 de abril de 2021 al que accedió Tiempo Judicial, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial se pronunció sobre las "implicaciones éticas de las relaciones de los jueces con los más altos responsables políticos de la Nación cuando están juzgando causas que les afectan". La Comisión de Ética Judicial está compuesta por 10 miembros, elegidos por la Asamblea Plenaria para un período de 2 años. Y es parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana de la que participan 26 países de Iberoamérica como España, Portugal y Brasil.
En este sentido, no anduvo con vueltas y explicó que el 20 de abril el comisionado Fernández Mendía remitió a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial una consulta sobre “el Código Iberoamericano de Ética Judicial, sus implicaciones éticas y la conducta de altos magistrados penales con asiento en la capital de un país que frecuentan socialmente al Primer Mandatario en reiteradas oportunidades mientras en sus órganos jurisdiccionales se sustanciaban causas donde se investigaba el desempeño de altos funcionarios del gobierno cualquiera que sea su signo, sin apartarse de las mismas y rehusando tal posibilidad”.
Recordemos que el ex diputado y actual ministro de Justicia, Martín Soria, denunció a dos camaristas de Casación Federal Penal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, por sus visitas al ex presidente Mauricio Macri a las quinta de Olivos y a la Casa Rosada en varias oportunidades. Ver notas al respecto.
La comisión fue muy directa en su dictamen: “En su consulta el comisionado solicitante explica cómo, a través de una nota enviada por una magistrada de la Cámara Federal de Casación Penal de la República Argentina, se le planteaba la cuestión relativa a la conducta de altos magistrados penales. Se trata, según se expone en su escrito, de visitas sociales y reiteradas de tales magistrados al Presidente de la República durante su mandato, en distintas sedes del asiento de sus funciones, mientras se sustanciaban, en sus respectivos órganos jurisdiccionales, causas en las que se investigaba el desempeño de altos mandatarios políticos, sin verificarse su apartamiento, en orden a principios de independencia, transparencia, imparcialidad, etc”. La magistrada que se presentó ante el organismo internacional sería su par Ángela Ledesma.
Los magistrados que integran el organismo de Justicia internacional dijeron que “resulta inadmisible en nuestros días que el juez forme parte del séquito del gobierno y resultan absolutamente contraproducentes las muestras áulicas de obsequiosidad y complacencia que pudieran tener los jueces respecto de otros poderes del Estado”.
¿Cómo funciona la Comisión Iberoamericana?
En el artículo 83.a) del Código Iberoamericano de Ética Judicial le atribuye a la Comisión la competencia de resolver “las consultas que Comisionados o Delegados formulen en torno a si el comportamiento de servidores públicos de órganos impartidores de justicia respetan o no la Ética Judicial, así como cuando órganos de Ética Judicial internos de cada nación hayan resuelto temas de esa naturaleza y se pida su opinión a la Comisión Iberoamericana”.
Es una competencia atribuida por la Cumbre Judicial Iberoamericana en virtud de la reforma introducida en el Código Iberoamericano de Ética Judicial en la asamblea general celebra en Santiago de Chile en 2014 que tuvo como finalidad propiciar una intervención más amplia y efectiva de la propia Comisión.
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