El amparo colectivo fue radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Martín Converset. El juez ayer habilitó un plazo de cinco días para que se presenten en la causa las personas interesadas puesto que se trata de un amparo colectivo en materia ambiental.
El principal pedido que deberá resolver el juez es que el gobierno porteño implemente una política pública de descontaminación de asbesto/amianto en los edificios públicos de la ciudad; en la totalidad de los inmuebles que son sedes de organismos porteñas y en los establecimientos educativos, tanto privados como públicos, en sendas resoluciones cortesía de Ijudicial.
Se trata de un amparo presentado en noviembre de 2019 (Expte. 11543/2019-0) iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto a otras organizaciones como el IES de Lenguas Vivas; integrantes de la Asociación Cooperadora Lenguas Vivas JRF; integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Infantil N° 08/04; CTA Autónoma Capital; entre otras, impulsaron el amparo colectivo solicitado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) a cargo de María Eva Koutsovitis, Ingeniera Hidráulica de la UBA y referente del Frente Salvador Herrera CTA Capital.
Por su carácter colectivo el pasado 19 de mayo el juez Converset emitió un oficio en la causa «Koutsovitis, María Eva y otros contra GCBA sobre Amparo – Ambiental», Expediente n.° 11543/2019-0 que dispuso una "debida publicidad" del expediente y habilitó un plazo de 5 días para que "todas aquellas personas que se consideren legitimadas" puedan presentarse en el expediente. Asimismo aclaró que "se han desagregado las pretensiones relativas al asbesto/amianto en el ámbito del subterráneo local, las cuales en su caso deberían canalizarse por la vía y forma que corresponda".
¿Qué planteaba el amparo colectivo?
En el amparo se pide al juez que ordene un "relevamiento exhaustivo de instalaciones, revestimientos, aislaciones y otros materiales constructivos que contengan asbesto/amianto" para que haya un inventario de todos los elementos y se pueda determinar "su estado de conservación, valuar el riesgo de exposición y sus condiciones de seguridad en estos edificios".
También "la implementación de un plan y cronograma de remoción y reemplazo de las instalaciones, revestimientos, aislaciones y otros materiales constructivos que contengan asbesto/amianto en estos edificios" y "un plan de contingencia y de seguridad que asegure la salud y la integridad física de los trabajadores del GCBA, de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general".
Y a todo ello se suma el pedido de una mesa multisectorial integrada por los trabajadores del GCBA, sus representantes, la comunidad educativa y de la ciudadanía en general para cada edificio afectado con el objetivo de lograr "control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esta política". Destacando también la implementación de un "protocolo de seguimiento a las personas expuestas facilitando el acceso a los dispositivos de salud específicos para tales fines".
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