Tras el polémico fallo del juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, quien hizo lugar a una medida cautelar para frenar la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en todo el país, distintos organismos realizan acciones legales para desestimar esta medida cautelar y que se respete la ley.
Al respecto, en diálogo con Tiempo Judicial la abogada feminista y presidenta de la organización Mujeres x Mujeres, Soledad Deza, advirtió que “no está suspendida la ley, sino que como es el Estado Nacional el demandado, se entendería que se puede suspender en los hospitales nacionales”.
"Eso igualmente es lo menos grave, discutir los alcances de la ley, si es grave recalcar que acomoda la demanda de la actora por invoca la calidad de ciudadano y el mismo juez mete la ley 26.061, ó sea hay muchas páginas donde el juez hace un alegato de porqué su catolicismo no lo inhabilita para resolver, es raro”, afirmó.
En tanto, recordó que una situación similar sucedió en la provincia de Chacho -puntualmente en enero de este año- pero en sede provincial, el problema, remarcó, es que ahora es competencia del Fuero Federal. “Ahora se redacta una contestación para elevar al ministerio y que finalmente responda”, explicó.
Además, señaló que “uno no se puede quedar en la letra de la sentencia, sino que se puede hacer un análisis sociológico para saber quienes son los actores estratégicos”, y subrayó que al parecer “están los conservadurismos de un lado y del otro del mostrador, está a la vista”.
En ese marco, destacó: “Hay un interés público afectado. Si nosotros tomamos la ley 26.854 de cautelares contra el Estado, claramente fue pasada por alto las exigencias que tiene porque cuando se suspende la aplicación de una ley nacional por un capricho ciudadano lo que se afecta es el sistema republicano y una política sanitaria”.
“Lo que nos tenemos que preguntar es porqué hay jueces que continúan prestándose a este tipo de aventuras jurídicas donde el Derecho no tiene nada que ver, donde la interpretación de la ley, es al margen del Derecho, pero donde paradójicamente, se apela a un discurso jurídico”, concluyó Soledad Deza.
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