La situación de muchos inquilinos hace más de un año que se encuentra de forma crítica. Es decir, son muchos los problemas que manifiesta el colectivo de damnificados: En principio, señalan que en medio de la pandemia es difícil trabajar y pagar el alquiler; es casi imposible conseguir un nuevo lugar para vivir y las cuotas de los créditos UVA tuvieron una suba muy alta, entre otros. ¿Qué dijo el Gobierno y qué los inquilinos y sus letrados?
Al respecto, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, expresó ayer que se “tomó varias medidas para garantizar el pleno cumplimiento de la Ley de Alquileres dentro de su competencia, fomentando el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje".
Por su parte, en diálogo con Tiempo Judicial, el abogado de Inquilinos Agrupados y e integrante del Equipo de Abogados de la Federación de Inquilinos Nacional, Andrés Bernal, opinó que “por un lado, durante la pandemia hubo una avanzada del mercado mobiliario muy fuerte, contra el decreto 320, y después la verdad que quisieron imponer un lookout inmobiliario”.
En el encuentro que realizaron Soria, la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpinetti, y el director nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Patricio Ferrazzano, se "examinaron el trabajo que viene desarrollando el Ministerio durante la pandemia, particularmente, las medidas que ya se tomaron al quedar sin efecto el Decreto 320/20 que disponía el congelamiento de los contratos de alquiler y la prohibición de los desalojos por incumplimiento del pago de alquileres".
Además, expresó que la cartera "tomó varias medidas para garantizar el pleno cumplimiento de la Ley de Alquileres dentro de su competencia, fomentando el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje". "Dentro de las medidas ya ejecutadas por el Ministerio de Justicia se encuentra la formación, a partir del 22 de febrero, del equipo de mediadores profesionales del Centro de Prevención y Resolución de Conflictos, que cumplen la función de atender específicamente la problemática del contrato de locación de inmuebles", remarcaron.
En ese marco, Carpinetti explicó que "uno de los objetivos del Ministerio es multiplicar la asistencia y atención de la problemática de los alquileres de vivienda. A la hora de cumplir esto, los CAJ son una pieza fundamental para llegar a todas las regiones, fomentando el correcto cumplimiento de la Ley de Alquileres en todo el país".
“Una justicia que en muchos casos tiene una posición política en relación al vínculo, nos tocó litigar en tribunales donde jueces eran locadores”, deslizó.
“Arriba del 60 % de la oferta inmobiliaria es oferta sobre la base de ilegalidades, hay contratos cortos, dolarizados, aumentos de todo tipo, cobros de comisión inmobiliaria, te piden una garantía en particular cuando la ley permite ofrecer hasta dos garantías de un total que se elija, y varias más”, explicó el abogado de la asociación de inquilinos.
En tanto, destacó que, en medio de la pandemia cuando surgió la ley, se pudo avanzar sobre cuestiones fundamentales. “Se lograron cuestiones básicas, como el contrato de dos años sean tres, no se imponga el aumento que se quiera y que sea con un índice público, la entrada para alquilar fue menos”, subrayó.
El problema, indicó el abogado, se debió a la falta de control en el mercado. “Es muy verde la apreciación en términos de derechos humanos que implica la necesidad sobre el alquiler, salvo en algunas discusiones finas hay muy poca valoración jurídica”, consideró Bernal.
“Estamos batallando duramente para que la justicia haga una apreciación de la vulnerabilidad que representa el alquiler en términos de derechos humanos, que realmente traduzcan los fallos y los contextualicen. Queda mucho por delante”, concluyó Bernal.
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