El Poder Judicial de Tucumán, luego de dos meses después de la haber realizado el Concurso Democrático Diferenciado, incorporará en sus filas de trabajadores a cuatro integrantes del colectivo travesti, transexual y transgénero. De esta forma se transformará, a partir de esta semana, en la primera provincia argentina que incorporará a la selección de su personal perspectiva de género.
Los nuevos ingresos de personal, ya se encuentran de forma activa en los departamentos judiciales de la capital de la provincia norteña y en el este. Según informaron, la Corte Suprema local lanzó una política de inclusión que contextualizó dichos ingresos.
Además, el objetivo es alinearse con “compromisos internacionales asumidos en nuestro país el concepto de igualdad material que imparte la Constitución Nacional; las garantías que brinda la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743); y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierten sobre la dificultad de las personas trans para su inserción en el mundo laboral”.
En ese contexto, se aprobó un “sistema de ingreso democrático diferenciado”, que apuntará a la inserción laboral para personas trans, mayores de 18 años, que reúnan condiciones para ejercer en el cargo. Dicho sistema jerarquiza la incorporación como mínimo de una persona en cada ingreso y como máximo el 1% del total de ingresos anuales de la planta permanente o interina.
Cuando se realizó el concurso, en el mes de abril, se registraron 62 personas para ingresar a los cargos administrativos. Cabe destacar, que el concurso fue dispuesto con la realización de todas las normativas y protocolos por la pandemia de coronavirus. El 85% aprobó e inició con los trámites para el ingreso.
Una de las personas que ingresó manifestó a los medios: “Si bien hace tiempo que se vienen generando la conquista de derechos por parte de los sujetos, se puede aprehender un hecho de vital trascendencia en la vida de los seres humanos, esto es, por ejemplo, el ingreso democrático diferenciado para personas trans dispuesto por la Corte Suprema, donde se otorga un lugar para la puesta en marcha del acceso al trabajo a personas en condiciones de vulnerabilidad, dando a los mismos un lugar, un espacio para justamente, el despliegue de los derechos sean visibles, palpables generando de este modo efectos en la subjetividad de los individuos que, al ser y sentirse incluidos, se generan efectos de bienestar”.
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