La lucha de las mujeres por los derechos quebrantados por la cultura patriarcal es una historia de larga data en Argentina, que se encuentra resumida en nuestra Constitución Nacional. Saber de dónde venimos ayuda a pensar hacia dónde vamos, o hacia dónde se quiere llegar.
La situación de desigualdad entre hombres y mujeres y, en especial con las personas transgénero, llegó a su punto cúlmine de hartazgo a comienzos del siglo XX. Estas últimas debieron agruparse y crear redes de contención en asociaciones civiles para sobrevivir a la extrema marginalidad que generaba la homofobia, travestifobia ytransfobia de la época.
Mientras tanto, las mujeres también comenzaron a dialogar entre ellas y a ser conscientes de que el único corset que las contenía, dolía y sometía no era el que llevaban puesto bajo sus vestidos, sino que también existía un corset cultural: el patriarcado.
Este sistema las dejaba fuera de los debates y decisiones del ámbito público, no alcanzaban a tener siquiera el rango de “ciudadanas”, y estaban limitadas al ámbito privado de su hogar.
Imposibilitadas de estudiar, trabajar y de tener una economía autónoma, las mujeres eran propiedad de los varones. Primero dependieron de su padre, luego de sus maridos. Esta simbología queda manifiesta en los casamientos católicos, donde la mujer llega al altar de la mano del padre, quien la entrega a su esposo.
La simbología católica es digna de marcarse ya que en la historia la Iglesia como institución se ha opuesto a cada lucha por la obtención de los derechos humanos de las mujeres y diversidades.
Cronología legislativa
En junio de 1613 se creó la primera Universidad Nacional de Córdoba, pero recién en 1885 se registró la primera mujer egresada de una universidad. Su nombre fue Élida Passo, quien cursó para ser farmacéutica. En 1896 la Facultad de Filosofía y Letras permitió a las maestras normales matricularse con el único requisito de su título.
Esta intromisión de las féminas en el ámbito público comenzó a incentivar y entusiasmarlas a ganar más terreno y fue el puntapié para que en 1911 se redactara el primer proyecto de ley de voto femenino, presentado en el Congreso Nacional por el diputado socialista Alfredo Palacios.
Aún faltaba un año para que la Ley Sáenz Peña fuera sancionada, que establecía que el voto fuera secreto, obligatorio y “universal” (con esto se referían sólo al electorado masculino), y la iniciativa de Palacios no fue tratada.
Sin embargo, en 1919 esta organización improvisada de mujeres toma forma al fundarse el Partido Feminista Nacional y presenta a la primera mujer candidata legislativa en elecciones nacionales: la médica y política Julia Magdalena Ángela Lanteri, más conocida como Julieta, cuyos 1.730 votos que cosechó no alcanzaron para ser elegida, pero sí para generar un pequeño sismo en los cimientos de la estructura patriarcal.
En 1924 llega la ley 11.317, que regulaba el trabajo femenino e infantil y establecía que las mujeres no podían trabajar más de ocho horas diarias y que tampoco podían ser despedidas por estar embarazadas. Aún más, se incorporó la licencia para amamantar y la obligación de las empresas de tener guarderías. Un gran avance para la época.
Dos años más tarde, en 1926, el Congreso Nacional sanciona otra ley clave, la N°11.357 que establecía que toda mujer mayor de edad, sin importar su estado civil, tenía capacidad para ejercer todos los derechos y funciones civiles que las leyes reconocen al hombre. A partir de entonces, el rol de la mujer desde la óptica social hace un giro de 180°.
La mujer como ciudadana
A mediados de los años ’30, gracias al cambio cultural que ellas pujaban en las calles, la Constitución Nacional fue el marcador de una historia de múltiples triunfos. Previo a esta época, la mujer tenía un cuasi status de infante, dependiente de su padre o marido y sin poder de acción o palabra. Sin embargo, esas “cuasi infantes” -a los ojos de la sociedad machista-, lograron tejer una subcultura que desataría más tarde muchos otros hitos en materia de derechos humanos.
Fue en 1947 que se logra la Ley N°13.010 que aprueba el voto femenino, también conocida como la “Ley Evita” por haber sido impulsada mayormente por Eva Duarte durante el gobierno de su esposo Juan Domingo Perón.
“La mujer puede y debe votar, como una aspiración de los anhelos colectivos. Pero debe, ante todo, votar, como una exigencia de los anhelos personales de liberación, nunca tan oportunamente enunciados”, expresó la primera dama en un discurso radial previo a las elecciones.
Tiempo después, Eva Perón buscó incrementar la participación femenina dentro del gobierno que protagonizaba su marido y fundó el Partido Peronista Femenino, dirigido exclusivamente por mujeres.
Dos años más tarde, en 1949, la Constitución Nacional anota una nueva victoria femenina: la igualdad política de hombres y mujeres, que se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida.
Y en 1951, las mujeres votaron por primera vez en las elecciones. Alcira de la Peña, al presentarse como candidata a vicepresidenta por el Partido Comunista, se convirtió en la primera mujer argentina en postularse para un cargo ejecutivo nacional.
Con controversias y un momento difícil a nivel país tras la muerte de Perón, en 1974 María Estela Martínez de Perón, más conocida como “Isabel Perón” o “Isabelita” sube al poder consagrándose como la primera presidenta mujer de Argentina y del mundo. Allí duró dos años, luego fue depuesta por un golpe de Estado militar. Desde entonces y hasta 1983 con el regreso de la democracia de la mano de Raúl Alfonsín, los derechos humanos sufrieron su peor retroceso, no sólo los de las mujeres y, mucho menos, la de las diversidades.
Por esta razón, en este lapso oscuro de la historia argentina, la cronología de derechos obtenidos se detiene. Sin embargo, durante esta dictadura militar hubo un sector que ocupó un rol de resistencia fundamental: el académico.
Es de allí que surge una de las figuras femeninas históricas más reconocidas de la historia argentina. Se trata de Victoria Ocampo, quien fue electa miembro de la Academia de Letras en 1977, convirtiéndose así en la primera mujer en formar parte de la institución. Fue escritora, ensayista, traductora y mecenas, además de la única latinoamericana presente en los juicios de Núremberg.
Una vez recuperada la democracia en la Argentina, las mujeres siguieron trabajando en la construcción de su rol como “ciudadanas” y en 1986 se gesta el Primer Encuentro Nacional de Mujeres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hubo más de mil participantes.
Esta emancipación de la mujer tenía aún un impedimento: la dependencia con el hombre a través del matrimonio.
Pero cuando las mujeres empezaron a trabajar, votar y a tener los mismos derechos que los hombres, el escenario estaba lo suficientemente maduro como para dar luz a la Ley 23.515, la Ley de Divorcio, aprobada en 1987. Esta ley tenía un plus más allá de la posibilidad de disolver un matrimonio y formar uno nuevo: ambos cónyuges quedaban en igualdad jurídica y, con esto, se eliminaba el privilegio del hombre de ser el jefe del hogar.
Mujeres en el Estado
Para la década de los ’90, la mujer ya no era percibida como un “infante”, era una ciudadana que ahora quería tener voz y participación en la actividad política formal.
Así es como en 1991, Argentina se convierte en el primer país de América Latina en establecer un cupo femenino legislativo a través de la sanción de la ley 24.012, la cual establecía la obligatoriedad del 30% de las listas ocupadas por mujeres.
En 1992 se da un paso más. Se crea el Consejo Nacional de las Mujeres, que buscaba promover la participación femenina en la sociedad e impulsar el desarrollo integral de las mujeres.
En 1994, la Constitución ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, un ente con influencia internacional en esta materia, y que en 1999 sería complementada con la Ley N° 25.087 "Delitos contra la integridad sexual", enmarcando como delito punible distintos tipos de agresiones sexuales: abuso sexual, abuso sexual calificado y violación.
En los años venideros se alcanzan leyes de gran relevancia para cumplimentar este desarrollo de los derechos humanos con perspectiva de género, con foco en el sistema de salud, comenzando en el 2000 con la Ley 25.273 que ya validaba un régimen de inasistencias justificadas en el ámbito educativo/académico de mujeres embarazadas.
La Ley 25.673 que establece el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable llegó en el 2002 para incrementar los estándares de salud sexual y procreación responsable, disminuir la morbimortalidad materno-infantil y prevenir embarazos no deseados.
Y se planteó como la antesala a la Ley 25.929, la Ley de Parto Humanizado, que en el 2004 fue aprobada con el fin de frenar la violencia obstétrica que se ejercía sobre las personas al momento de parir y aseguraba el acceso a la información de las madres, el trato digno y la defensa de su libertad a para elegir a la persona que la acompañará durante los controles prenatales, el parto y el postparto.
En 2006, fue sancionada la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) aunque su implementación sigue siendo una cuenta pendiente hasta la actualidad.
Todo esto genera una validación de la mujer en un rol de “ciudadana activa” tal que, al año siguiente, en el 2007, Cristina Fernández de Kirchner se consagra como la primera mujer presidenta elegida por el voto popular con el 45,28% de los sufragios. El segundo puesto también fue para una mujer, Elisa Carrió, que obtuvo 23 puntos porcentuales. En el 2008 desembarca en el Palacio Legislativo otra ley clave, la N°26.364, que buscaba prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.
El poder de las mujeres en el ámbito público logra institucionalizarse más y, en el 2009, se crea la Oficina de la Mujer bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de impulsar la perspectiva de género en la planificación institucional.
En el 2009, se logra la Ley de Protección Integral a las Mujeres –N° 26.485- que buscaba prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Diversidad de género
La lucha contra el sistema héteropatriarcal lleva a la historia de los derechos humanos ligado al género a un nuevo nivel desde el año 2010, cuando se aprueba la Ley de Matrimonio Igualitario. Con esta sanción, no sólo las personas del mismo sexo podían contraer matrimonio, sino que Argentina volvía a consagrarse como el primer país latinoamericano en alcanzar una ley con compromiso de género.
Aún más, en el 2012 se logra la Ley de Identidad de Género –N° 26.743-que reconoce el derecho de una persona a ser tratada de acuerdo con su identidad de género autopercibida, incluso en documentos y otros instrumentos.
En el mismo año, la Corte Suprema precisó que la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación resultaría no punible. Y, si bien el primer proyecto de ley para despenalizar y aprobar el aborto había sido presentado sin éxito en el Congreso en el 2006, esto resultaba un notorio avance para todas las personas gestantes.
Recién en el 2021, el Congreso Nacional logró aprobar una longeva deuda pendiente con este colectivo LGBTIQ+: la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, que establece que el 1% de los puestos de trabajo formales del sector público serán reservados para personas transgénero.
Ni Una Menos y la “ola verde”
La cantidad de asesinatos de mujeres por parte de hombres rotulados como “crímenes pasionales”,en la mayoría de los casos, hizo ruido al colectivo feminista, que pone el grito en el cielo al indicar que las mujeres morían por su condición de mujer, siendo víctimas de la violencia machista y desmintiendo que la razón se tratara de pasión alguna.
Fue en el 2012 que la figura de “femicidio” se incorporó al Código Penal tras ser aprobada en el Congreso por unanimidad. Y en el 2014, se crea el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, creado por la Corte Suprema. En la actualidad incluye también datos de travesticidios y transfemicidios.
La conciencia sobre la cantidad y crueldad de estos femicidios en Argentina hace que en el 2015 más de 200 mil personas se concentraran en las inmediaciones del Congreso para pedir la implementación de políticas integrales para frenar la violencia de género y se formaliza así el movimiento Ni Una Menos.
Acá hay otro factor influyente: el desarrollo tecnológico y redes sociales. Los movimientos de mujeres no tenían el apoyo de los medios periodísticos, pero con la democratización de la comunicación a través de Internet y el acceso al mismo, las mujeres pudieron masificar sus discursos, unirse y autoconvocarse en las movilizaciones masivas que en esos años comenzaron a producirse en todo el país y que recibieron el nombre popular de “ola verde”.
Ese mismo año, el aluvión de protestas y reclamos da cuenta de que la muerte de las mujeres no es el único flagelo que sufren, por lo que llega entonces la Ley N° 27.206 de Prescripción de los delitos sexuales, evitando que el lento accionar de la Justicia dejara impune a quienes cometían estos delitos.
Luego, en 2017 se materializó la Ley de Paridad de Género, que fija la obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales y de incorporar la igualdad de género a nivel partidario, por lo que las listas deberán completarse con un 50% de representantes de cada sexo.
En el mismo año se aprueba también la Ley Brisa, que brinda una reparación económica a quienes cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su madre. Por el momento, sólo se aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un año después, en el 2018, el INDEC incorpora a sus mediciones el Registro Único de Violencia contra las Mujeres, y también se modifica el Código Penal en su artículo 86 para sumar la despenalización del aborto en caso de peligro para la vida de la madre o si atenta contra “el pudor cometido” sobre una mujer “idiota o demente", a la causante ya amparada por la ley: el embarazo producto de una violación.
Finalmente, en el 2019 llega la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o más conocida como la Ley de Acoso Callejero.
El género como prioridad
La lucha de las mujeres y diversidades por la igualdad de género pasó de estar social y jurídicamente castigada a ser prioridad de debate y agenda de la Nación en los últimos años.
Tal es así que en enero del 2019 se sancionó la Ley Micaela -N° 27.499- que establece la capacitación obligatoria en materia diversidad sexual y violencias de género de las personas que se desempeñen en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Sin embargo, voluntariamente también algunos organismos estatales y privados brindan cursos, charlas o talleres para “deconstruir” las premisas machistas y, cuanto menos, parece inevitable que las cuestiones de género no estén en la agenda de los pasillos.
Tal fue el avance de la lucha transfeminista en la cultura que en el 2020 se logró la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -N° 27.610-, tras 14 años de la presentación inicial de la redacción del proyecto que, por el avance también de la inclusión de la agenda transgénero, sufrió cambios como la inclusión del término “personas gestantes” en vez de “mujeres”, validando de esta manera la posibilidad de embarazo en personas con útero que no se autoperciban como “mujeres”.
El mismo día, y por unanimidad, quedó aprobada laLey de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -Nº 27.611-, más conocida como la Ley de los 1.000 Días. La misma establece el acompañamiento y asistencia del Estado en los primeros años de vida del recién nacido/a de aquella persona con capacidad gestante que decidió continuar con su embarazo.
Además, este año se aprobó también la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación, que busca habilitar puestos de trabajo en los distintos medios de comunicación a mujeres y diversidades para que sus voces sean también escuchadas de manera masiva.
Y, como fue mencionado anteriormente, este 2021 quedó aprobada la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-LohanaBerkins”.
La Argentina es pionera en la conquista de derechos humanos con perspectiva de género en la región latinoamericana. El movimiento transfeminista es reconocido a nivel mundial e inspira actualmente las luchas feministas de otros países, en especial en Sudamérica.
Sin la lucha e insistencia de aquellas mujeres con corset y diversidades, no se hubiesen ganado todos estos derechos, ni tampoco los que vendrán.
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