Nuevamente el debate inmobiliario sobre los proyectos impulsados por el Gobierno porteño tiene a la justicia como mediador. En esta oportunidad, la Ciudad buscó la modificación del código urbano en Costanera Sur a través de la Legislatura porteña, con el fin de construir torres de edificios en la ex Ciudad Deportiva de Boca, y por el otro hay asociaciones que presentaron un recurso de amparo, que fue aceptado por la justicia, para evitarlo.

Este sábado 24 de julio un juez dio lugar al reclamo de las organizaciones que se opusieron porque, según trascendió en los medios, la Ciudad no cumplió con los procesos previstos para este tipo de proyectos que incluyen la presentación de un estudio de impacto ambiental.

El juez de feria Guillermo Scheibler consideró que "el Plan Urbano Ambiental establece que el mecanismo de valoración/ponderación entre el interés privado y público existente en una propuesta de convenio urbanístico debe realizarse luego de un “Estudio Diagnóstico” y de una “Evaluación de Impacto final”, que naturalmente, deben ser previas a la aceptación de la propuesta y la suscripción del convenio".

Entre otros puntos destacados de la medida pre-cautelar, el juez porteño aseguró que "más allá que el Poder Ejecutivo posea un reglamento dictado por un Secretario, no obsta ni soslaya la existencia de un instituto constitucional reglado por una ley del Poder Legislativo de la Ciudad, esto es la evaluación de impacto ambiental prevista en el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de modo obligatorio para “todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto”.

Así "ordenó precautelarmente al Poder Legislativo que suspenda el trámite del Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la ley 123 respecto del convenio urbanístico objeto de dicho proyecto".

Entre las asociaciones que realizaron dicho amparo, se encuentra el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP) y la Defensoría de Laburantes.

La orden de la justicia, por parte del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Guillermo Scheibler, fue de suspender precautelarmente el trámite. Entre los primeros y más importantes faltantes en el proyecto está el impacto ambiental: "hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la ley 123 respecto del convenio urbanístico”.

Cabe destacar que ya existe un convenio urbanístico firmado con la empresa Irsa para habilitar la construcción de torres en el predio de la Costanera Sur. Dicho acuerdo exige el cambio de normas urbanas para construir torres de hasta 145 metros, y como contraprestación, la empresa cederá a la Ciudad el dominio de 47 de las 71 hectáreas del total del predio.

"Ahora, la Legislatura deberá suspender la reunión conjunta de las Comisiones de Planeamiento y de Presupuesto del día lunes 26 de julio que había sido convocada a las 11.30 para tratar el proyecto para autorizar el mega emprendimiento “Costa Urbana” en la Costanera Sur sobre un humedal”, señalaron desde el Observatorio.

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