La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, Chaco, presentó un requerimiento para la realización de un "juicio por la verdad" por la masacre de Napalpí ocurrida en 1924. Un centenar de indígenas fueron baleados y perseguidos por hacer una huelga y protestas por las condiciones de esclavitud en las que vivían.
"Entendemos que estamos ante un crimen de lesa humanidad, que la Argentina tiene una obligación de juzgar este crimen", dijo a Tiempo Judicial el fiscal federal ad hoc Diego Vigay, quien junto con los fiscales Federico Carniel , Carlos Amad , Patricio Sabadini, realizaron el requerimiento en el juzgado Federal de Resistencia. También recordó que la Argentina en su Constitución de 1853 "ya contemplaba los delitos del derecho de gente, que se podría interpretar hoy como delitos de lesa humanidad".
El fiscal federal ponderó también la necesidad de "un juicio que dicte una sentencia con un sentido de reparación en cuanto a la reconstrucción de la verdad histórica de lo sucedido" y que "eso pueda ser reproducido en la currícula escolar de la provincia del Chaco". Incluso el gobierno provincial, a través la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, pidió ser querellante en el juicio.
La presentación incluye alrededor de 50 nombres de responsables, entre los que se pueden mencionar al ex presidente de la Nación Marcelo T. de Alvear Pacheco; el ex ministro del Interior Vicente Carmelo Gallo; el entonces Interventor del Territorio Nacional del Chaco Fernando Centeno y el Administrador de la reducción Napalpi Mario Arigó.
Causa Napalpí EAAF (2020) 
Miembro de la comunidad en causa Obligado (2020) 
También hubo conflicto en "Rincón Bomba" (Archivo) 
Publicada en el libro de Valeria Mapelman (2015), Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba 
Avión usado contra el levantamiento de indios de Napalpí entre 1887 y 1930. 
El fiscal Diego Vigay impulsó el proceso (Foto: Romina Morua. ANCCOM UBA)
La represión
Por aquellos años los indígenas estaban en huelga por sus condiciones laborales. Les daban vales, en lugar de dinero, por su trabajo; sufrían maltratos; y, además, estaban cercados por el propio gobierno provincial. En aquel entonces Chaco era territorio nacional. Al iniciarse la protesta, y ante los reclamos de los terratenientes de la zona, el entonces gobernador Francisco Centeno firmó un decreto con el que prohibió la salida de los indígenas de la reducción indígena de "Napalpí". A mediados de julio, con la huelga firme comenzó la represión.
Integrantes de las comunidades qom y mocoit esperaban reunirse en el parlamento indígena. Unos días antes una avioneta piloteada por policías había pasado por el lugar de la huelga para ver quiénes estaban. Mientras los medios de comunicación provinciales hablaban de “sublevación indígena”. Allí comenzó la represión y la masacre. Se calcula que cerca de mil quinientos indígenas fueron asesinados, incluyendo mujeres y niños.
La represión fue llevada adelante por el Estado Nacional a través de 130 efectivos de la Policía de Territorios Nacionales y Gendarmería quienes no solo asesinaron a los indígenas a tiro de fusil durante una hora sino que después a los que sobrevivieron los asesinaron a machete y balloneta. “Las fuerzas policiales se tuvieron que limitar a incendiar la toldería y a dejar a unos cuantos muertos en el lugar del suceso”, publicó en la edición del 20 de julio de 1924 del diario La Nación.
La reconstrucción
La fiscalía federal realizó durante varios años una investigación que incorporó el testimonio de dos sobrevivientes, hoy fallecidos, que son Rosa Grillo y Pedro Balquinta. Meritona Enriquez y Rosa Chara fueron testimonios que se tuvieron en cuenta en la investigación puesto que existían entrevistas audiovisuales realizadas a ellas con anterioridad al inicio de la investigación judicial y a partir del testimonio de sus hijos. "Es central en la cultura indígena la tradición oral de los relatos históricos y cuando hablaron sus hijos fue prácticamente como escuchar a sus madres", contó Vigay.
Se lograron recolectar archivos históricos de la época como archivos de la reducción indígena, del ministerio del interior de Nación, un expediente judicial de la época, un periódico que hizo una investigación al año de la masacre, y archivos del Congreso porque en 1924 diputados socialistas interpelaron al ministro del interior de esa época. A ello se le suma los trabajos de investigación científica de antropólogos, sociólogos e historiadores que estudiaron los hechos. Ocho cuerpos del expediente abarcan toda la información recabada.
"Hablamos de un juicio por la verdad porque entendemos que es la herramienta adecuada, al no tener la posibilidad de tener a los responsables en el banquillo de los acusados, de llevar adelante un juicio de estas características que pueda ser oral y público para que se pueda reproducir a través de las redes sociales y lo puedan asistir las comunidades qom y mocoit que han sido las víctimas", recalca Vigay.
Reparación
En los últimos tiempos hubo dos sentencias históricas de la Justicia Federal. El 14 de septiembre de 2020 la Cámara Federal de Resistencia, Chaco, ordenó una reparación económica de 375 millones de pesos al pueblo Qom por la denominada masacre de Napalpí. En la otra, la misma cámara el 26 de febrero de 2020 confirmó la condena al Estado por la denominada masacre de Rincón Bomba, provincia de Formosa. En esos hechos unas 400 personas de la etnia Pilagá fueron asesinadas y perseguidas entre el 10 y el 30 de octubre de 1947.
La masacre de Napalpí (así como la de Rincón Bomba) resulta un ejemplo de cómo los pueblos originarios fueron los primeros en sufrir el terrorismo de Estado en carne propia. Los juicios por la verdad, claves en el juzgamiento de los delitos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, ahora son el objetivo para que los pueblos originarios consigan un poco de reivindicación y la posibilidad de reconstruir y consolidar la memoria colectiva.
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