El fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, emitió un dictamen -conocido hoy, pero emitido el pasado 3 de agosto- donde pide que se deje de aplicar el aborto legal en Córdoba.
La medida de la Procuración provincial, que contó con la firma de Delgado y de uno de sus fiscales Adjuntos, Pablo Bustos Fierro (hijo de octogenario juez Federal N°1 de Córdoba Ricardo Bustos Fierro), y se produjo en el marco de una causa donde un legislador provincial reclamó a la Cámara Contencioso en lo Administrativo de Primera Nominaciónuna medida cautelar que suspenda de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), mientras se tramita un amparo en contra de la ley aprobada por el Congreso Nacional a fines del año pasado.
El legislador Aurelio García Elorrio se presentó de manera particular al mismo tiempo que lo hizo una ONG ultramontana que él mismo regentea, llamada Portal de Belén, para adjudicarse la representación judicial de “los niños por nacer” e incluso “los niños no deseados”, según informó el diario La Voz del Interior.
La Cámara rechazó la medida suspensoria, pero habilitó su apelación al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y en esa instancia el procurador General cordobés emitió su dictamen, que no es vinculante.
Vale señalar que Delgado firmó la resolución a pesar que tres asociaciones civiles pidieron su apartamiento cuando el tribunal le corrió vista, trámite que aún no fue resuelto por el TSJ. Ahora resta que el Tribunal Superior resuelva la apelación de García Elorrio para ver si atiende a los argumentos del Procurador y su adjunto.
Fundamentos
En sus fundamentos, Delgado sostiene como nudo argumental que “el derecho a la vida de las personas por nacer y aún el derecho a la salud de las personas gestantes menores de 18 años sometidas a la droga misoprostol 200 en centros que carecen de la atención obstétrica adecuada -lo que pone en riesgo su derecho a la vida-, no reviste igual jerarquía que el derecho a decidir, sino que es de grado superior. Sin derecho a la vida, ninguno de los demás derechos podrá ser ejercido”.
Además, el funcionario le reconoce al legislador amparista la representación dos colectivos: “uno, conformado por los niños no nacidos y no deseados por sus progenitoras en la Provincia de Córdoba; el otro, las niñas menores de 18 años a las que les están suministrando el producto misoprostol”.
“Atento encontrarse en juego el derecho a la vida, el que como ya se dijo es el primer derecho que tienen las personas y de no tutelarse adecuadamente procediéndose a la interrupción voluntaria del embarazo sería de imposible reparación frente a la hipótesis de que la demanda sea acogida, esta Fiscalía General recomienda hacer lugar a ambos recursos de apelación interpuestos por la parte amparista y despachar la medida cautelar pretendida con el alcance requerido”, concluye el dictamen.
Esperable
La designación de Delgado como fiscal General se produjo en marzo del año pasado, apenas el gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria, momento en que el gobernador Juan Schiaretti aprovechó para enviar el pliego a la Legislatura y evitar la controversia pública que significaba presentar un candidato con nulos antecedentes en derecho penal y una trayectoria que incluye el activismo, precisamente, en la ONG Portal de Belén que en abril pasado presentó el amparo de marras.
De hecho, interrogado por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, el fiscal general pidió que “no lo discriminen por su fe religiosa” y se excusó de dar su opinión sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo “porque si es designado, es posible que deba dictaminar al respecto”, prácticamente anunciando la maniobra ahora puesta a la luz.
Entre otras polémicas, Delgado dijo ante la comisión que lo evaluó en la Legislatura provincial que “no ser penalista es un beneficio para un fiscal General”, porque así no tenía trato con abogados penalistas que luego pedirían su apartamiento.
Como antecedentes en la función pública, el Fiscal General acreditó haber sido Procurador del Tesoro de la provincia al momento de su candidatura, por lo que fue cuestionado sobre su independencia del Poder Ejecutivo a la hora de intervenir en denuncias sobre corrupción u otras que apunten al interés del gobierno provincial.
Así y todo, su pliego fue aprobado por la amplia mayoría de los legisladores que conformaron el peronismo provincial y Juntos por el Cambio.
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