El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el jueves pasado el anteproyecto de presupuesto para el Poder Judicial de la Nación. El organismo es quien tiene a su cargo la administración de todo el Poder Judicial, a excepción de la Corte Suprema, y prevé un presupuesto de más de 136 mil millones de pesos para el 2022.
La decisión se plasmó en el dictamen 43/21 del plenario realizado de manera virtual, y concretamente platea un monto de 136.011.604.233 de pesos para “asegurar el normal desenvolvimiento de la función judicial”. Según sostuvieron cuando se aprobó el dictamen que hoy se trató en pleno, el presupuesto “no se excede tanto de los techos presupuestarios” comunicados por el Poder Ejecutivo.
Así el presupuesto fue enviado a la Corte Suprema que adjuntará el suyo y enviará ambos al Ejecutivo Nacional para que luego este envié el Presupuesto Nacional al Congreso de la Nación, quien es el encargado de aprobarlo. Si sumamos lo solicitado por el Consejo y la Corte la cifra asciende a 167.635.764.384 de pesos.
Entre algunos rubros que contempla el presupuesto elaborado por el Consejo se encuentra la “incorporación e incremento de equipamiento informático, software y servicio de monitoreo para seguridad en los edificios” judiciales.
Pandemia de por medio, el sistema que utiliza el Poder Judicial, Lex 100, tuvo un desempeño irregular y deficiente que provocó reuniones en las semanas anteriores y la decisión de ir complementando las áreas de informática de la Corte y el Consejo para mejorarlo y actualizarlo de acuerdo a la nueva normalidad.
Hay que recordar que los números de la Corte Suprema incluyen financiamiento para la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) del Poder Judicial, y en un 80 por ciento está destinado a “gastos de personal”.
Respuesta a la Cámara Electoral
Uno de los últimos puntos del plenario fue responder una nota enviada por la Cámara Nacional Electoral (oficio Nº 1383) en la que solicitó que el analice la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre el proceso de selección de magistrados designados en la justicia nacional electoral.
“Ellos nos preguntan cómo se seleccionan a los jueces en este consejo”, dijo el juez Alberto Lugones advirtiendo que “nos consulta por el planteo de un supuesto juez militante”. “Este consejo tiene mucho cuidado y cumple a raja tabla las obligaciones que tiene y en este caso, de juez electoral, valoramos expresamente que el juez no tengan una militancia que le impida formar parte de la terna para ser seleccionado por juez electoral”, explicó.
“La respuesta a la Cámara Nacional Electoral da cuenta de la base de nuestro sistema democrático”, dijo a su turno el representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz y destacó que “se pone en tela de juicio a los magistrados que son garantes del proceso electoral”. Sin embargo y más allá de las posturas se elaboró desde la presidencia del Consejo a cargo de Diego Molea una respuesta que, tal y como lo explicó el representante académico, es “un dictamen que contenga a todos”. Sólo se abstuvo de votarlo el consejero Pablo Tonelli.
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