Un grupo de organizaciones civiles reclamaron a través de un escrito la designación por parte del Congreso de la Nación de un Defensor o Defensora del Pueblo. Hace doce años que el cargo se encuentra vacante y ni siquiera hay propuestas de los bloques parlamentarios para el nombramiento definitivo.
“Ni la pandemia ni la complejidad de los consensos políticos son argumentos válidos para que el Congreso continúe incumpliendo con su deber constitucional de designar a un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo de la Nación”, dice el escrito presentado ante la Justicia.
El pedido fue presentado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Sur Argentina.
Se trata del expediente “Asociación por los Derechos Civiles y otros c/EN- Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/Amparo Ley 16.986”, que ya posee sentencia pero que aún no fue cumplida. Incluso en septiembre del año 2019 la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Rita Ailan intimó el cumplimiento de la sentencia. Algo que se repitió en diciembre del año pasado.
La sentencia fue dictada hace seis años, en agosto de 2016, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exhortó al Congreso a cumplir con su mandato constitucional de nombrar Defensor del Pueblo. Ese año la propia Corte Suprema también exhortó a ese cumplimiento.
En el escrito presentado este lunes las organizaciones resaltan que “los inconvenientes políticos que puedan derivar de la necesidad de obtener un consenso no pueden ser utilizados como justificativo” y que la figura del defensor o defensora del Pueblo ocupa un rol central en la defensa de los derechos humanos y control de actos de gobierno.
A ello agregan que los últimos pedidos de acceso a la información pública efectuados al Congreso en marzo del 2021 evidencian que no solo la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo todavía no se encuentra integrada sino que tampoco se han recibido "propuestas de designación de los bloques políticos correspondientes necesarias para la integración de la misma".
“El nombramiento del Defensor o Defensora del Pueblo no puede esperar a que finalice ni ésta ni ninguna otra pandemia que se suscite en el futuro”, finalizan.
El Defensor del Pueblo es una figura creada en 1993 a través de la Ley 24.284, e incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. El Defensor del Pueblo cumple un rol trascendental en la protección de derechos humanos: tiene a su cargo la defensa de los derechos constitucionales de los habitantes frente a actos u omisiones del Estado y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Su nombramiento se encuentra a cargo del Congreso Nacional.
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