Los tres jueces que habían sido acusados son Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, los integrantes de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad ante el conflicto el año pasado entre el gobierno nacional y porteño por las clases presenciales en medio de las medidas tomadas por la pandemia de Covid-19.
A las 20 horas del 19 de abril, los tres jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, hicieron lugar a la queja que pedía que vuelvan las clases presenciales y desoyó un fallo del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
Esto motivó la denuncia de los legisladores porteños del Frente de Todos por "mal desempeño" a los tres jueces de la sala IV que, en un polémico fallo, ordenaron al Ejecutivo porteño garantizar la continuidad de las clases presenciales pese al DNU dictado por el Gobierno nacional que suspendió por 15 días las clases presenciales como una de las medidas sanitarias para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus.
Para los legisladores, el fallo de la Cámara porteña que suspendió la aplicación del artículo 2 del DNU 241/2021 en la CABA es "a todas luces arbitrario, temerario e incapaz de resistir el menor test de constitucionalidad y de razonabilidad".
En esa misma presentación se remarca la “increíble celeridad” que tuvo el expediente ese domingo 18 de abril: “A las 6:54 AM la Sala ordena remitir a la Fiscal, a las 17:14 (diez minutos después de ser comunicada), la jueza Machiavelli rechaza una recusación y a las 20:04 se publica el fallo”.
Las otras dos denuncias contra los jueces fueron presentadas por Hernán Mirasole, un abogado que se presenta como presidente de la Asociación Civil “Nace un derecho”, y por Federico Paruolo, vicepresidente del Grupo de Litigio Estratégico Asociación Civil (GLE).
Ayer al mediodía, 1 año y 4 meses después de la presentación de la denuncia, el Consejo de la Magistratura porteño decidió en su plenario habitual archivar una de las tres denuncias contra los tres camaristas.
El rechazo a la recusación y el archivo de las denuncias fue votado por siete consejeros: Alberto Maques, Francisco Quintana, Alberto Biglieri, Ana Correa, Gonzalo Rua, Fabiana Schafrik y Juan Pablo Zanetta. En cambio, Salvatelli y Anabella Hers Cabral votaron en contra del archivo y opinaron que el tema tenía que volver a la Comisión de Acusación y Disciplina de CM porteño que preside la primera consejera y que aún no había formulado acusación. VER VIDEO.
Ana Salvatelli expresó que "el órgano natural para el curso de estas denuncias es la comisión de Disciplina y Acusación y corresponde que las denuncias se tramiten en la comisión porque no es la única opción la del juicio político a un magistrado sino hay una posibilidad de impulsar un jury de enjuiciamiento ante el plenario o también impulsar un procedimiento disciplinario de 2 años de prescripción desde la denuncia. Entonces, declarar la nulidad de la nulidad de un proceso sin iniciarse no tiene sentido". "Estamos subvirtiendo la competencia del plenario en un tema que la correspondería dictaminar a la comisión que me toca presidir que es la de Disciplina y Acusación", agregó al manifestar que pasó poco tiempo desde el inicio de la denuncia contra los tres magistrados porteños.
Y en diálogo con Tiempo Judicial, Biglieri señaló que "pienso que el juicio político que tiene un plazo fatal para garantizar la independencia de los magistrados de 60 días para acusarlo o archivarlo" y "que los tres jueces actuaron ajustado a Derecho y en defensa de la autonomía de la C.A.B.A. porque la Corte Suprema ratificó la educación que es competencia de la Ciudad".
El Consejo de la Magistratura porteño está integrado por Alberto Maques (que lo preside), Francisco Quintana, María Julia Correa, Gonzalo Rúa, Alberto Biglieri, Anabella Hers Cabral, Juan Pablo Zanetta, Fabiana Schafrik y Ana Salvatelli.
El juez Shafrik también camarista como sus colegas denunciados votó con el oficialismo para archivar los expedientes, igual que el otro juez Gonzalo Rúa. El argumento fue que los pedidos de juicio político debían ser rechazados porque cuestionaban el contenido de una sentencia judicial.
Vale recordar que en las elecciones celebradas por los jueces porteños pre-pandemia se vinculó la lista Independencia Judicial (Lista 1) a Daniel Angelici, donde compitieron María Correa y Martín Converset. En tanto, Fabiana Schafrick y Gonzalo Rua compitieron bajo el sello Justicia, Pluralidad y Autonomía (Lista 2) con el apoyo el peronismo porteño, es decir, Juan Manuel Olmos y Víctor Santamaría. Teléfono política.
Así lo expresó la consejera Correa que fue quien propuso desestimar y archivar las actuaciones al señalar que “se debe sostener el temperamento adoptado en el expediente López Vergara” ya que “no corresponde someter a los magistrados a juicio político por sus resoluciones judiciales”.
Y se justificó al señalar que “las denuncias que cuestionan el contenido de las sentencias afectarían la independencia judicial y el sistema de pesos y contrapesos, y que los jueces no deben ser juzgados por sus sentencias" sino evaluadas por otra vía como las cuestiones disciplinarias dentro del organismo. Y agregó que "como magistrada no estoy de acuerdo con este tipo de denuncias" y que "los jueces no deben ser pasibles de denuncias como estas por no compartir sus decisiones y propongo la caducidad del jury y archivo de las actuaciones".
En el mismo plenario, se aprobó la vuelta a la presencialidad en la justicia porteña desde el 1 de septiembre al igual que la acordada 14 de este año de la Corte Suprema. Así lo confirmó un consejero en su twitter.
Otro archivo
Con los votos de Vamos Juntos y aliados, el año pasado también se archivó en la Legislatura porteña archivó hoy el pedido de juicio político contra los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad, que había sido impulsado a raíz de una sentencia que desligó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de la obligación de garantizar vacantes escolares a niños menores de tres años.
Así, la Justicia porteña da señales de complicidad o silencio ante el Poder Ejecutivo así como el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. archivando denuncias contra jueces que tomaron decisiones conflictivas lejanas al ejercicio del Derecho.
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