Un policía que había sido asignado a un partido de la Bellvillense de Fútbol de Córdoba fue condenado por haberle gritado a un jugador “negro sidozo”, como aparece textual en el expediente durante el encuentro. La justicia cordobesa ordenó indemnizar al jugador agredido y le ordenó al gobierno cordobés la realización de capacitaciones en derechos humanos a la policía provincial.

En junio de 2014, durante un partido de futbol por las semifinales de la Liga Bellvillense de Fútbol, en Córdoba, el policía que estaba asignado como policía adicional, le gritó “negro sidozo” a un futbolista. Ser armó un tumulto por ello y finalmente el jugador terminó siendo expulsado del encuentro por el árbitro.

Los hechos ocurrieron ante la mirada de gran cantidad de público y medios de prensa que replicaron las expresiones del policía en diarios, radios y televisión. El futbolista llegó a la Justicia después de que en medios de comunicación se hablara de él y de su enfermedad lo que consideró una estigmatización a su persona.

El juez Edgar Amigó Aliaga, titular del  Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 2° Nominación de  la ciudad de Marcos Juárez, sostuvo en una sentencia firmada recientemente que la actitud del policía “se condice más con la actitud de un ‘barrabrava’ que con la de un funcionario público tendiente a velar por el cuidado de la ciudadanía”. Además agregó que el obrar de un funcionario público “debe ejercerse con prudencia”.

crédito: TSJ Córdoba.

En el expediente, el hombre que sufrió la agresión detalló también que con la mala conducta del agente policial “no sólo ha cambiado su vida personal-laboral, sino también la de su familia. Que a partir de ese momento salió a la luz un problema de salud que padece hace años y que si bien es duro físicamente sobrellevarlo, más duro aún es afrontarlo psicológicamente, y es precisamente en esa fase donde más se le ha dañado”.

El fenómeno de la discriminación en el fútbol está “tristemente arraigado en nuestra sociedad”, explicó el juez y sostuvo que se refleja una serie de comportamientos discriminatorios, xenófobos y racistas “que tienen que ser cortado en seco desde los distintos poderes del estado”.

“Ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados; y si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta, las consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado”, sostuvo el magistrado.

Por todo esto Aliaga condenó al policía, a la provincia y al club donde se disputo el partido a indemnizar al hombre con 791.782 pesos y además emplazó al Gobierno de Córdoba para que disponga la capacitación de la Policía de la Provincia (Departamental Marcos Juárez), en cuestiones de derechos humanos, particularmente, en lo relativo a la erradicación de actos discriminatorios. Una recomendación que había sido dada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en el expediente.

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