En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y luego de años de demoras judiciales el dueño y el administrador del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, fueron enviados a juicio por su participación en secuestros durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
El juez federal Eduardo Hansen firmó el viernes el fallo que eleva la causa a juicio oral por los secuestros en 1976 de Luis Arédez, Omar Gainza y Carlos Melián. Rechazó todos los planteos realizados realizados por la defensa de Blaquier y Lemos contra los requerimientos de elevación a juicio ya que considera que existen “elementos de convicción suficientes” que permiten juzgarlos por delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada”. Se trata de una elevación parcial puesto que aun restaría agregar un expediente y después conformar el tribunal que realizaría el juicio.
"En Ledesma la empresa dirige todo. Por eso ha costado mucho. Este es un logro de la tenacidad y la memoria de una militancia ética, digna, de las madres y padres de desaparecidos de Ledesma, los hijos, los familiares, los amigos, las esposas de los expresos políticos", dijo Ricardo Aredez, hijo de Luis Aredez, luego de conocer la sentencia a medios jujeños.
Un dato que ya fue corroborado en el expediente y que es sólo un ejemplo de la participación civil en la última dictadura es que la propia empresa Ledesma aportó los vehículos con los que se secuestraron personas y a los propios trabajadores del ingenio. Arédez, Melián y Gainza, tuvieron una activa participación en conflictos laborales y sociales que involucraban al ingenio Ledesma previo a ser secuestrados en 1976.
En la sentencia el juez recordó esto a partir de lo dicho por las cámaras en anteriores ocasiones: “Blaquier tenía conocimiento y control sobre la totalidad de las cuestiones atinentes a la empresa”, dijo y destacó que “el hecho de que viviera en Buenos Aires y la necesaria delegación de funciones que se habría dado en el desenvolvimiento de la empresa Ledesma, no demuestran por sí mismas que su presidente haya estado al margen de estas decisiones”.
El magistrado entiende que Blaquier estaba al tanto de las decisiones de aquella época y que tenían que ver con “el préstamo de los vehículos y de las detenciones que ocurrían en una localidad en la que la actividad socio económica giraban en torno a la empresa que él dirigía”.
Entre el 20 y el 27 de julio de 1976 la dictadura realizó operativos donde se secuestró a unas 400 personas en las localidades jujeñas de Libertador, Calilegua y El Talar, donde tiene su ingenio y las mayores fincas cañeras el grupo Ledesma. Durante la denominada "Noche del Apagón" hubo una coordinación entre la dictadura y la empresa Ledesma donde se organizaron cortes de luz en varias localidades de Jujuy.
Actualmente se está realizando un mega juicio en Jujuy donde la jueza Alejandra Cataldi y los jueces Mario Juárez Almaraz y Federico Díaz, se encuentran juzgando a 21 imputados, entre ellos militares retirados del Ejército y expolicías jujeños, Policía Federal, gendarmes e integrantes del servicio penitenciario provincial juzgados, entre otros, por el secuestro, la tortura y la desaparición de trabajadores de Mina El Aguilar y del Ingenio Ledesma.
La megacausa suma 120 víctimas, de las cuales 44 siguen desaparecidas. Según datos de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, a diciembre de 2020, se encontraban al menos 101 recursos pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que involucraban a 150 personas en 39 causas.
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