En diciembre del 2020, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobado y convertido en ley en el Congreso de la Nación tras casi 15 años de lucha y cajoneo. Y, desde principios del corriente año, se llevó a cabo su implementación. A más de medio año del inicio del proceso de implementación aún hay sectores políticos y eclesiásticos que levantan denuncias contra este derecho adquirido con la finalidad de frenarlo.
La objeción de conciencia y falta de servicios e infraestructura hace que especialmente en las zonas rurales más alejadas aún las mujeres y personas gestantes no tengan acceso al derecho de decidir interrumpir su embarazo de manera segura, legal y gratuita.
También existen todavía problemas con las farmacias en la venta del misoprostol y falta de información. Por esto, Tiempo Judicial entrevistó a Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, organismo que se encuentra estudiando en qué puntos del país aún este derecho no es accesible para todxs y qué denuncias se realizan en contra de la IVE. La entrevistada brindó incluso información sobre qué hacer en caso de toparse con la vulneración de este derecho y la imposibilidad de acceder a un aborto seguro.
Embestida legal
Según un relevamiento de Amnistía Internacional Argentina, “se iniciaron al menos 34 demandas" contra la ley IVE, de las cuales, según informó a este medio Belski, al menos 30 buscan declarar la inconstitucionalidad de la ley con efectos colectivos, “y la mayoría de éstas solicita medidas cautelares”; mientras que las 3 restantes “tienen por objeto perseguir la responsabilidad penal y civil de los/as funcionarios que participaron en su aprobación”.
Por otro lado, de las 30 acciones colectivas contra la constitucionalidad de la ley, 18 son contra el Estado Nacional y 12 demandan a los estados provinciales. Del ese total, al menos 24 fueron rechazadas por uno o dos tribunales, lo que incluye el rechazo por inadmisibilidad, y el rechazo de medidas cautelares solicitadas y la revocación de sentencias definitivas o medidas cautelares concedidas.
“La mayoría de las intervenciones proviene de partidos políticos, asociaciones civiles antiderechos, y luego otros ciudadanos, legisladores y abogados”, señaló la directora ejecutiva, que igualmente puntualizó en que “ninguna prosperó ni pudo frenar la norma”. Y opinó: “La disputa de los sectores antiderechos se trasladó de los medios, las redes y el Congreso a los tribunales. La tendencia de rechazos a las acciones iniciadas por los sectores anti derechos da cuenta de la poca permeabilidad del Poder Judicial a las embestidas que buscan derribar la ley”.
Denunciadas por abortar
El libro “Somos Belén” narra la historia de una mujer que en Argentina pasó 29 meses encarcelada a causa de un aborto espontáneo, y que generó masivas protestas feministas en todo el país. Desde entonces, las causas judiciales de mujeres y personas gestantes que hayan traspasado un aborto intentaron no llegar al encarcelamiento de las personas denunciadas.
Ante esto, Belski confirmó que estas causas quedaron truncas desde la sanción de la ley N° 27.610 (ley IVE) que modifica, entre otros artículos, el art. 86 del Código Penal y establece que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.
Además, las mujeres con causas penales en curso por abortos practicados dentro de las 14 semanas del proceso gestacional deberán ser sobreseídas por aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, tal como lo establece los tratados internacionales de derecho humanos de jerarquía constitucional (la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 9 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 15) y el art. 2 del Código Penal.
“En síntesis, los jueces y fiscales intervinientes deberían actuar de oficio y sobreseer a las mujeres criminalizadas por abortos dentro de las primeras 14 semanas de gestación, tanto respecto de las causas en curso, donde hay personas imputadas por realizarse o consentir un aborto, y también en aquellas donde ya se condenó a las personas gestantes por realizarse un aborto”. Para conocer más, Amnistía Internacional elaboró una Guía con Información:
Qué hacer en caso de negativa
Las personas pueden acceder a la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días corridos desde que se lo solicita. En caso de ser este proceso obstaculizado, hay una línea telefónica de atención gratuita 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación, donde informar lo sucedido y recurrir a información segura. La línea es atendida por un grupo de operadoras y operadores especializadas/os que pueden escuchar, contener, informar, asesorar y derivar.
“El servicio de atención 0800 Salud Sexual es un espacio de consulta gratuito que tiene el objetivo de brindar atención personalizada y oportuna para facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva en todo el país. Además, pueden enviar su caso a Amnistía internacional a través de este formulario, expuso la entrevistada.
Implementación desigual
Tal como señaló Mariela Belski, el mapa de acceso al aborto seguro y legal en Argentina es desigual: “En muchas zonas alejadas de centros urbanos aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado. Además, las resistencias para implementar la ley siguen existiendo”.
Sin embargo, aún la información al respecto no es completa, ya que el relevamiento se encuentra aún en proceso: “Estamos llevando adelante un proceso de diagnóstico a nivel nacional. Son muchas las jurisdicciones que presentan barreras asociadas a la falta de acceso a información, resistencia de los equipos de salud, el uso de la objeción de conciencia de manera abusiva, la falta de derivación conforme lo exige la ley; la dilación en la atención. También, se detectaron problemas con las farmacias, para la venta del misoprostol, medicamento avalado por el ANMAT para el acceso al aborto. Todo ello pese a lo establecido por la ley”.
Al respecto, comentó que han visto intentos de obstrucciones en San Luis (el caso de la pareja de una mujer para acceder al aborto y la judicialización de la práctica); y que incluso han recibido denuncias ante dilaciones por parte de obras sociales en la provincia de Buenos Aires. “Estamos documentando también barreras en otras jurisdicciones como Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Entre Ríos, Misiones; por mencionar algunas”, adhirió.
“Desde Amnistía Internacional hemos denunciado la falta de producción de información que incluye desde campañas de difusión hasta datos actualizados que permiten hacer un diagnóstico de los desafíos en la implementación de la ley en todo el país. Que las mujeres y personas gestantes puedan conocer y contar con herramientas para acceder a su derecho es imprescindible para poder hacer de su derecho una realidad”, completó.
Camino por recorrer
Al legalizarse el aborto en Argentina, movimientos feministas habían afirmado que “ahora empieza la verdadera lucha”, refiriéndose a que lejos de ser esta una lucha ganada, resta un largo camino por recorrer hasta que todas las personas gestantes del país tengan el derecho incuestionado de ser autónomos en el territorio que les pertenece: su propio cuerpo.
Belski afirmó que “en Argentina, por el momento, sólo está autorizado el aborto farmacológico con misoprostol”, por lo que será “necesario también que se avance para que pueda producirse y comercializarse la mifepristona, medicamento que aumenta la efectividad del tratamiento”, además de implementarse efectiva y correctamente las clases de Educación Sexual Integral en todas las escuelas, una ley que lleva 15 años aprobada, pero hoy en día sólo el 2% de las y los adolescentes reciben esta educación.
Por otro lado, la entrevistada subrayó: “A nivel federal se debe mejorar la accesibilidad a la intervención AMEU (Aspiración Manual Endouterina) dado que en casi todas las provincias se siguen haciendo legrados, un método menos seguro de acceso al aborto, y que debería reservarse solo para casos en que no haya disponibilidad de otras opciones”.
En cada provincia, en cada jurisdicción y en cada caso personal se libran luchas distintas para garantizar este mismo derecho. A ocho meses de haber sido aprobada esta ley en el Senado, no hay lugar para el rechazo al acceso de lo que tanta lucha costó: derechos humanos con perspectiva de género.
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