Se agravó la situación procesal de Walter Bento, el juez federal de Mendoza con competencia electoral que está acusado de cobrar coimas, lavar activos de origen delictivo y ser el jefe de una asociación ilícita en el ejercicio de su función de magistrado.

Es que la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó su procesamiento por una batería de delitos que incluye, además de los arriba mencionados, prevaricato, retardo de justicia y enriquecimiento ilícito.

Lo curioso sucedió un poco antes de esta resolución y para muchos fue una jugada de ajedrez del juez: Bento no apeló el procesamiento que le había fijado el juez de primera instancia, Eduardo Puigdengolas, el 26 de julio último, a instancias del fiscal investigador, Dante Vega.

Semejante decisión acortó rápidamente una parte del proceso y lo puso más cerca del juicio penal, pero su argumento fue claro: prefería llevar su caso directamente a los tribunales internacionales en vez de apelar en el tribunal de alzada, al que no considera “imparcial”.

Dejó vencer el plazo para apelar y casi automáticamente la Cámara Federal refrendó el procesamiento. En idéntica situación quedó la esposa, Marta Boiza, empleada del Poder Judicial de la Nación en los tribunales federales de Mendoza, acusada de cometer los delitos de lavado de activos de origen delictivo y enriquecimiento ilícito.

Razones

Mientras muchos esperaban conocer los argumentos de Bento para defenderse del procesamiento, el juez sorprendió cuando hizo circular un documento que desde las primeras palabras daba cuenta de su decisión: “Recurriré a la justicia internacional”.

“Tenemos la más absoluta convicción, nosotros como nuestros abogados, que ante un tribunal imparcial seremos absueltos, lo que difícilmente atenúe las graves arbitrariedades e ilegalidades cometidas en nuestro perjuicio y de nuestra familia”

A continuación, pegó duro a la Cámara Federal de Apelaciones a la responsabilizó de un “proceso ilegítimo”, por acción u omisión de actos en la investigación y posterior procesamiento.

“Estamos absolutamente convencidos -dijo Bento en nombre suyo y de la esposa- que la Cámara Federal de Mendoza no es un tribunal imparcial, que la resolución que confirma nuestros procesamientos ya está escrita (desde hace semanas o tal vez meses), que no interesa la verdad, que -como sucedió en ocho incidentes que tramitaron ante la Cámara anteriormente- no se examinan nunca nuestros fundamentos y se recurre a la arbitrariedad”.

Desplazarlo del cargo y condicionar su función de magistrado, dijo, es lo único que el tribunal de alzada quiere de él. Más adelante en el documento, el juez procesado introduce una terminología aunque jurídica muy utilizada en la política argentina, especialmente por el kirchnerismo: lawfare.

“Es evidente -dijo el juez- que existe una estrategia de lawfare orquestada por el poder político para perseguirme”.

Abona esta teoría Mariano Cúneo Libarona, uno de los defensores de Bento junto con el mendocino Gustavo Gazali. Para ambos, la causa judicial por enriquecimiento, coimas, lavado de activos y demás “es falsa porque fue creada con pruebas falsas”.

El telón de fondo es, según Cúneo, “una nueva otra batalla entre macristas y kirchneristas, esta vez por el control del Juzgado Federal 1 de Mendoza, uno de los más poderosos por los delitos que debe resolver y porque tiene competencia electoral”.

Dura respuesta

Tal como se esperaba, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento de Bento y Boiza y los embargos por $ 177.610.000 y sobre propiedades por casi $150 millones. Pero eso no fue todo.

En un pronunciamiento inédito e histórico de este tribunal de alzada, los camaristas Alfredo Porras, Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Pizarro calificaron de “improperios” algunos conceptos de Bento y hablaron de “inexactitudes, descalificaciones y agravios” en el escrito donde manifestó la decisión de acudir a tribunales extranjeros.

Le atribuyeron haber realizado “imputaciones agraviantes, irreales e injustas” hacia la Cámara Federal y consideraron que la sociedad debe valorar las actuaciones judiciales acontecidas en el caso.

Tampoco les fue indiferente la acusación de Bento de que son funcionales a un lawfare. “Bento cuestiona a toda la Justicia argentina”, dijeron. Mediante ese descreimiento, interpretan, “lejos de refutar un determinado pronunciamiento judicial, cuestiona el funcionamiento pleno de un tribunal y del sistema judicial de la República Argentina”.

En el Consejo de la Magistratura

El caso Bento también se ventila en otro frente, totalmente político, el único donde podría perder la condición de juez y posteriormente la libertad, o donde podría ser confirmado en el cargo: el Consejo de la Magistratura. Para Bento, este organismo ha sido “presionado”.

En la Comisión de Disciplina ya recibieron la noticia de que el procesamiento del juez quedó confirmado. Fue casi en simultáneo con la resolución de la Cámara, acelerada por la decisión de Bento de no apelar en el país sino de llevar su caso a la Justicia internacional.

El diputado Pablo Tonelli (Pro) es el instructor de la investigación del Consejo que determinará, en base a la causa penal y a otros elementos de producción propia de los consejeros, si Bento debe ser suspendido y sometido a juicio político.

La citación de testigos, casi 30 según se ha dicho, es uno de los pasos más complejos en este etapa del proceso administrativo, que se anticipa de largo aliento y que incluirá la actuación de Bento como árbitro en todo el calendario electoral 2021.

El juez de las elecciones

Mientras Bento se mantenga en el cargo, seguirá siendo juez incluso en las cuestiones electorales de Mendoza, como las que ha venido resolviendo a favor y en contra de encumbrados protagonistas de la vida política local con gran llegada al escenario nacional.

Entre otros, el gobernador radical Rodolfo Suarez, el diputado nacional y jefe de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien preside el PJ de Mendoza.