Pablo Tonelli, diputado nacional del Pro e integrante del Consejo de la Magistratura pidió este miércoles a ese organismo que despoje al juez federal de Mendoza Walter Bento de la inmunidad de arresto para separarlo del cargo.
“De acuerdo a la ley vigente, resulta claro que no es necesario que el magistrado sea formalmente destituido por el Jurado de Enjuiciamiento a fin de que pueda dispensarse transitoriamente la inmunidad y hacerse efectivo el arresto”, expresa el oficio del consejero Tonelli ante la presidencia del Consejo al que accedió Tiempo Judicial. Esto, porque la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento con prisión preventiva por una batería de delitos: cohecho, lavado de activos de origen delictivo, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
El consejero Tonelli (Pro), quien lleva adelante la instrucción en nombre de la Comisión de Disciplina del Consejo, presentó esta solicitud por escrito dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea. La misiva que solicitó la suspensión de Bento y la quita de sus fueros de magistrado deberá ser tratada en comisión y por ahora es prematuro su tratamiento.
La clave
La solicitud de desafuero de Bento, que sorprendió en Mendoza porque la investigación administrativa está en desarrollo, está sustentada en un hecho bisagra: que el procesamiento con prisión preventiva del juez federal de Mendoza con competencia electoral fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones.
Esto precipitó los hechos, explicó Tonelli, porque frente a este escenario "corresponde el desafuero y la suspensión". Sin embargo, la pesquisa administrativa avanza.
La Comisión de Disciplina también tuvo en cuenta que Bento no apeló el procesamiento con prisión preventiva dictado por el juez de primera instancia, Eduardo Puigdengolas, bajo el argumento de que acudirá a los tribunales internacionales porque considera que el tribunal de alzada "no es imparcial, sino partícipe de una maniobra de lawfare".
Si finalmente Bento es separado del cargo comenzará a cobrar la mitad del sueldo. En caso de ser detenido no se descarta que tramite el beneficio de la prisión domiciliaria y no por cuestiones de salud ni de edad, está sano y tiene 56 años (no 70 como fija la ley para lograr este beneficio). Hay motivo categórico: difícilmente un juez detenido sea enviado a una prisión federal junto a convictos a los cuales él mismo pudo haber encarcelado.
Los motivos
Tonelli propició la quita de la inmunidad de arresto de Bento y la consecuente suspensión, licencia o relevamiento del cargo por diversos motivos que explicó en el escrito al que accedió Tiempo Judicial:
“Nos encontramos ante el caso de un juez federal procesado por la supuesta comisión de múltiples y gravísimos delitos, a quien se le ha dictado auto de procesamiento con prisión preventiva, pero en virtud de la inmunidad de arresto consagrada en la ley 25.320, continúa ejerciendo su cargo e "impartiendo justicia"”.
Hay un agravante, según Tonelli en esta situación: “El procesamiento y la prisión preventiva se encuentran firmes y consentidos por la decisión libre y voluntaria del propio magistrado, quien desistió del recurso de apelación oportunamente interpuesto contra la resolución del juez de primera instancia”.
Muchos aseguran, desde mayo, cuando Bento quedó contra las cuerdas por la gravedad de los hechos que se le atribuyen, que debía dejar el cargo porque en esas condiciones lejos de representar imparcial generaba más dudas que certezas frente a los ciudadanos. Tonelli coincide y lo expresó así:
“Se hace muy difícil, en esas condiciones, explicar a la opinión pública y especialmente a los justiciables, que un juez que debería estar preso resuelve cotidianamente los casos que tramitan en el juzgado del que es titular y decide sobre la honra, la libertad y la fortuna de quienes se ven sometidos a su jurisdicción”.
Por eso, puso en conocimiento del Consejo de la Magistratura el hecho de que Bento quedó procesado con prisión preventiva en firme en la causa FMZ 13.854/2020/47/CA20.
Coletazo electoral
Que Bento sea separado obligará a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a designar un juez subrogante en materia penal y esencialmente en la competencia electoral de cara a las PASO del 12 de septiembre y a la continuidad del calendario electoral.
Es que luego de las PASO el juez federal con competencia electoral pasa a formar parte del Consejo Electoral junto con los presidentes de la Cámara de Apelaciones, Juan Ignacio Pérez Curci, y de la Suprema Corte de Mendoza, Dalmiro Garay.
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