El Ministerio de Salud Bonaerense denunció al Estudio de Abogados Lipskier & ASOC, que dirige la abogada Natalia Celina Lipskier, por asociación ilícita y perjuicio del Estado cuando detectaron que desde la firma se presentaban recursos de amparo a nombre de beneficiarios del “Programa Incluir Salud”, sin su consentimiento y se cobraban los honorarios.

Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). Transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.

Al respecto, María Lourdes Farias, que dirige la Dirección Provincial de Acceso e Inclusión, explicó que la denuncia la estás llevando a cabo la Defensoría del Pueblo y se presenta a la fiscalía el Estado como particular damnificado. Las presuntas irregularidades fueron detectadas en el marco del programa Incluir Salud, destinado a personas de escasos recursos y sin cobertura de obra social.

Farías recordó: “Cuándo asumimos, la realidad es que en el 2018 y 2019 había muchos cortes de pagos, mucha deuda, empezamos a hacer esa regularización y empezamos a encontrar una enorme cantidad de amparos que venían de un estudio jurídico específico. La mayoría había ingresado en el 2019 y lo que me empezó a llamar la atención es que ya en el 2020 y 2021, que estábamos cumpliendo con todas las prestaciones me seguían ingresando de a 50”.

"A partir de esa irregularidad se empezó a pedir esos amparos para conversar con los beneficiarios, en principio para saber dónde estaba el escollo del problema”, enfatizó la directora y reconoció que “era extraño porque no recibíamos ni las recetas pertinentes, ni los pedidos de prestación y ya nos ingresaba el amparo”.

“Lo primero que se hizo fue hablar con un beneficiario y no estaba ni enterado”, explicó y agregó que cuando avanzó la investigación interna se entendió que “ninguno de los beneficiarios sabía, en muchos casos, las prestaciones que solicitaban o que exigían desde la justicia no tenían que ver con las necesidades efectivas de esos beneficiarios”.

Con la corroboración de datos, relató Farías, el Ministerio detectó que “eran medicación que no necesitaban, insumos que no necesitaban, la mayoría son personas con alguna enfermedad o una situación de absoluta vulnerabilidad”.

La gente frente a la consulta explicó que no habían firmado ninguna nota para realizar el reclamo. “Ahí se realizó la presentación a los superiores porque algo raro pasaba, el Estado estaba pagando honorarios de incumplimientos que supuestamente teníamos y a raíz de toda esa documentación se hizo la denuncia por defraudación a la administración pública”, aseveró.

Un dato a la que pudieron acceder gracias a uno de los beneficiarios del programa que se acercó al Ministerio, es que enviaban mensajes de WhatsApp que decían: “Si le falta medicación haga click acá y mande su receta”. Muchos creyeron que era el Ministerio quien los enviaba y mandaron recetas, números de documento y demás información.

La justicia también investigará cómo se accedió a una base de datos cerrada, lo que es quizás el punto que más preocupa al Ministerio, ya que se accede solo por contraseña y es claro que alguien la filtró.