Miranda Lucía Ruiz es la única médica que no adhirió a la objeción de conciencia en el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal. El viernes pasado fue detenida en el hospital por garantizar una interrupción legal del embarazo (IVE) y horas después liberada aunque con una causa penal en su contra por el delito de aborto.
"De lo que se me acusa es que yo obligué a la paciente a abortar y sostuvo que "no hay ningún fundamento posible" porque el IVE "lo hacemos con un régimen autoadministrado de pastillas", dijo Ruiz a varios medios de comunicación recordando que la denuncia en su contra la presentó una familiar y no la joven que decidió hacer la interrupción.
Es que el viernes, después de estar detenida, la mujer fue liberada por orden del juez de Garantías 2 a cargo de Fernando Mariscal Astigueta, aunque el fiscal de la causa, Gonzalo Ariel Vega la imputó por el delito de aborto, previsto en el artículo 85 inciso 2 del Código Penal. Para este la mujer "violentó" la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Vega es fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal y sostuvo que la mujer intervino en el procedimiento de interrupción voluntaria a una joven de 21 años. Para el fiscal la mujer habría manifestado su arrepentimiento.
“¿Por qué presa primero y no se investiga antes?, y todo mediático, con informaciones falsas. Porque no me pueden armar una causa judicial si yo no cometí ningún delito”, dijo la médica que clarificó que lo que le sucede tiene que ver con "un sector político de la sociedad, en connivencia con los medios de comunicación y la justicia, se agarraron de una noticia falsa respecto a mi historia clínica y la paciente".
La denuncia la presentó una tía de la joven cuyo abogado es Andrés Rambert Ríos, quien sería el mismo abogado defensor de un médico ginecólogo, Marcelo Cornejo, acusado de abuso a una menor de edad. Desde La Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir explicaron que la médica fue quien denunció de oficio a Cornejo y sostuvieron que “por ser un supuesto delito de instancia privada es la supuesta damnificada quien tendría que haber radicado la denuncia”
Según explicaron fuentes consultadas por Tiempo Judicial el procedimiento de IVE se realizó el pasado 24 de agosto, cerca de las 15 horas. La joven que accedió al IVE iba a declarar el viernes pasado pero su representante solicitó la prórroga de la audiencia por el estado de salud de la joven.
Desde la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Libre y Gratuito se expresaron a favor de la médica y sostuvieron que “su criminalización busca amedrentar a quienes respetan los derechos fundamentales de las personas gestantes”.
No sólo está la cuestión del médico denunciado por Ruiz y del abogado que estaría detrás, sino que la médica también da cuenta de un entramado político contra la aplicación de la IVE. Menciona dos nombres que son el de la concejala Claudia Subelza, a cargo de la Dirección de la Niñez de Salvador Mazza; y el de la diputada provincial Claudia Fiore.
Ambas salieron tanto en medios provinciales como nacionales a calificar el hecho como "homicidio", algo que la médica contestó diciendo que se sostienen en "mentiras" y destacando que "fue una práctica médica absolutamente legal". La médica Ruiz es la única médica no adhirió a la objeción de conciencia y que no sólo asiste a pacientes de la ciudad de Tartagal sino también de Salvador Maza, General Mosconi y alrededores.
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