Después de casi ocho años, el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, avanzó con medidas concretas en la causa que investiga la llamada “Masacre de Rio Lujan”. Se ordenó la detención y el procesamiento con prisión preventiva de los dos acusados, ambos ex policías, que son señalados como los asesinos de cinco militantes de la organización Montoneros, y otra tercera persona por encubrimiento.
La investigación sobre el hecho, ocurrido el 12 de abril de 1975, cuenta con la intervención del fiscal federal Sebastián Bringas. Los procesados son el exagentes de la comisaría 3° de General Sarmiento, Carlos Leguizamón, el exoficial subinspector de la Unidad Regional Tigre, Hermes Acuña, por el delito de homicidio doblemente agravado con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en cinco hechos.
El juez federal Adrián González Charvay procesó con prisión preventiva a los policías retirados Hermes Vicente Acuña y Carlos Urbano Leguizamón por considerarlos responsables del homicidio de Carlos Tuda, Luis Bocco, Carlos Lagrutta, Carlos Molinas y Guillermo Rodríguez.
A Samuel Bunge Diamante, oficial retirado de la misma fuerza, lo procesó por encubrimiento en una avance sustancial de la causa que no tuvo novedades importantes desde 2013 tras el sobreseimiento dictado a estos policías y a otros fallecidos en 1980.
La causa tuvo inicio el 28 de febrero de 2013 cuando, tras el testimonio de dos sobrevivientes, la justicia interpretó que los agentes policiales estuvieron de acuerdo tanto, en el los fusilamientos como "encubrir" los homicidios. Por tratarse de crímenes de lesa humanidad no prescribirán.
Hace pocos días, es decir, 46 años después de ocurridos los asesinatos, la justicia federal consideró que quedó probado que las víctimas fueron “ultimadas en estado de indefensión”, y que Bunge Diamante “instruyó el sumario ocultando que las muertes de las víctimas se produjeron en estado de indefensión como consecuencia de ser ultimados con posterioridad a que cesaran de disparar y manifestaran que se rendían, y no a causa del tiroteo o enfrentamiento armado”.
Los hechos
La “Masacre del Río Luján” dejó como saldo la muerte de Carlos Fernando Lagrutta, Carlos Pablo Molinas Benuzzi, Carlos Alberto Tuda, Luis Arnaldo Oscar Bocco y Guillermo Adelio Rodríguez, militantes de la organización Montoneros.
Las víctimas, luego de apoderarse de un camión, fueron interceptadas por la policía en la Ruta n° 4, a unos 500 metros de la Ruta Nacional 9, cuando iban a encontrarse con otros miembros de la organización.
El operativo policial estaba conformado por tres comisiones integradas por personal de distintas dependencias: las comisarías de General Sarmiento 1° y 3°, y la comisaria de Escobar. Según los testimonios, a pesar de haberse entregado fueron asesinados por pertenecer a la organización Montoneros.
Si bien existió una investigación a través de un sumario policial con intervención de la comisaría de Campana y del Juzgado Federal de San Nicolás, el resultado fue el sobreseimiento de los policías involucrados el 28 de abril de 1980.
La actual investigación determinó que existió una coordinación para ocultar los asesinatos, ya que el titular de la Comisaría de Campana, el comisario Inspector Juan Pedro Ruseckaite, el médico policial Carlos Antonio Quetglaz, Samuel Bunge Diamante, designado como instructor sumariante, todos ya fallecidos, adulteraron el sumario para que sus compañeros quedes sin un juicio justo.
Entre ellos, Carlos Leguizamón y Hermes Acuña. El resto de los agentes que participaron de los asesinatos ya se encuentran muertos.
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