Este viernes se llevarán a cabo los alegatos en el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, conducido de manera unipersonal por el juez Fabián Asís, en el juicio donde el productor Daniel Landgren está acusado de fabricación y preparación de estupefacientes en dosis destinadas al consumidor, junto con Diego Alberto Neo, acusado de presunto encubrimiento.
Landgren es un activista con larga trayectoria en la provincia por la legalización del cannabis y oficia de vocero de la Comunidad Cannábica de Córdoba. Desde hace años produce aceite de cannabis y distribuye sus medicamentos a pacientes con diversos tipos de dolencias en distintas provincias. También recibe consultas y facilita sus productos a personas de distintos países como Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Santo Domingo.
La causa se inició en la justicia provincial a partir de la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotrafico cordobesa que, en un alarde de pericia investigativa, detuvo a Landgren y a Neo, después que ambos salieron del local que el primero tiene una galería del centro, en Córdoba Capital, y tomando como disparador de la investigación una entrevista que Landgren dio al diario La Voz del Interior, donde relató las características de la actividad que desarrolla, publicada bajo el título “El primer centro de produccióncannábica está en Córdoba”, según establece el auto de elevación a juicio, realizado por el fiscal de Instrucción del Fuero Provincial de Lucha contra el Narcotráfico del TercerTurno, Carlos María Cornejo.
Posteriormente, la justicia provincial decretó su incompetencia, a través de la jueza María Dolores Morales de Cáceres, y la Cámara de Acusación ratificó el planteo, por lo que fue remitido a la justicia federal, ya en instancia de debate.
Cabe señalar que la actividad que se le endilga a Landgren no está penada desde la sanción de la ley nacional 27.350 en 2017, que establece la habilitación para generar productos medicinales a partir de la planta de cannabis creando un marco regulatorio “para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapeútico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados”.
Las instancias del juicio tuvieron como curiosidad la convocatoria del gobernador jujeño Gerardo Morales como testigo de la defensa.
El mandatario provincial relató que Jujuy adhirió a la ley nacional y por medio de una ley provincial “decidió poner en marcha un programa de producción pública de derivados medicinales de cannabis con el objetivo de satisfacer una demanda de salud pública y desarrollar toda la cadena productiva para su proceso de elaboración farmacéutica en territorio provincial”.
“Así a través de la sociedad estatal Cannava comenzó la puesta en marcha todas las medidas que hoy le permiten la provincia haber desarrollado un producto de industria nacional que cumple con todos los estándares de calidad que la actividad exige y que tiene su eje puesto en el desarrollo científico y tecnológico”, detalló Morales en otro párrafo de su testimonio.
Sin principio psicoactivo
Cabe señalar que en su declaración indagatoria, Landgren dijo que la sustancia que produce no está destinada a suministrar dosis psicoactivas a usuarios retroactivos, sino a personas con distintas patologías, tanto niños como adultos, en función de la condición que tiene la planta de cannabis de generar condiciones óptimas de salud.
También aseguró haberse asesorado con especialistas de Tel Aviv, Colorado, Cambridge y la Universidad Complutense, y señaló que su producto respetaba una serie de conceptos ya modelizados a nivel mundial, siendo el más importante de ellos que la condición de sustancia medicinal no puede superar el 3 por ciento de disolución por litro de sustrato utilizado al momento de preparar aceites. Además, explicó que, en la producción de productos medicinales, el THC (principio activo) se evapora y muta a THC A, que es antagónico al efecto psicoactivo.
Los alegatos se llevarán a cabo este viernes 17 de septiembre en el cual el ministerio público fiscal federal está representado por el fiscal Carlos Gonella, en tanto la defensa corre por cuenta del abogado Carlos María González Quintana.
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