La legisladora del Frente de Todos, Claudia Neira, acusó al Gobierno porteño, conducido por Rodríguez Larreta, del espacio de Juntos por el Cambio, por considerar que ejerce un "control político-jurídico sobre determinadas causas", tras la decisión irregular del proyecto de ley que otorga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de "tener la última palabra" en causas iniciadas en juzgados nacionales.
"En el temario había un proyecto cuyo objetivo era, puntualmente, incorporar la digitalización de las notificaciones de las audiencias, una consecuencia lógica no sólo de la pandemia, sino también de los avances tecnológicos. Nosotros estábamos de acuerdo porque eran modificaciones meramente de forma", afirmó la legisladora a la agencia de noticias Télam.
En tanto, explicó que "el dictamen había sido consensuado en reunión de asesores y, de golpe, sin haber acompañado ninguna propuesta de redacción”, y aclaró: “El diputado Blanchetiere -de Vamos Juntos- toma la palabra y plantea que, ante el asentimiento del resto de los diputados presentes, se incorpore otra cuestión, que tiene que ver con los recursos en los que entiende el TSJ".
En el polémico proyecto que tuvo dictamen de la comisión y que accedió Tiempo Judicial acá, muestra en amarillo los párrafos cuestionados por la legisladora del FDT en una comisión liderada por la espada judicial de Larreta, Martín Ocampo, y firmado por legisladores Blanchetiere, Cingolani, González Estevarena, López, Michielotto, Romero y Villafruela.
De esta forma Vamos Juntos puso en el proyecto la posibilidad para que el Poder Judicial porteño se expida, no sólo en causas que provienen tribunales de la Ciudad, sino también en aquellas que se iniciaron ante tribunales nacionales ordinarios.
"Se cambió la discusión hacia un tema complejo que aún no logró saldar ni el TSJ ni el Procurador (General de la Nación) –continuó Neira-; un tema que implica una discusión más amplia sobre la transferencia de competencias de la justicia, de cómo avanzar hacia la autonomía de la Ciudad, con la que obviamente estamos de acuerdo, pero no de esta manera, sin un tratamiento previo y sin análisis", advirtió la legisladora.
El proyecto de ley podrá ser votado el 30 de septiembre. Cabe destacar, que Vamos Juntos, más los bloques aliados como UCR-Evolución, Partido Socialista y el GEN, tiene mayoría en el recinto y pueden inclinar la balanza hacia sus proyectos.
"Hoy, cuando tenemos expedientes civiles, laborales y penales y los tribunales que entienden en esas causas son los nacionales, poner al Tribunal Superior de Justicia como el que entiende en esas causas parece una forma de tener la última palabra, por parte de la Ciudad, en causas en las que le interesa tener una opinión política, como la del Correo Argentino, por ejemplo", concluyó.
"Esta discusión ya se está dando y tiene precedentes -agregó-, como el caso Levinas, que llegó a la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) y tuvo un dictamen del Procurador (General de la Nación Eduardo) Casal muy contundente en contra, planteando que hay un proceso de transferencia de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires que no ha culminado y que, en ese marco, avanzar en que el TSJ (porteño) entienda en causas que provienen de tribunales nacionales debería surgir de una ley nacional".
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