El Consejo de la Magistratura decidió que el juez federal de Mendoza, Walter Bento, siga en el cargo a pesar de tener procesamiento firme por una batería de delitos como asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros.
La Comisión de Acusación y Disciplina votó la semana pasada rechazar el planteo del consejero Pablo Tonelli que a comienzos de septiembre había pedido quitarle a Bento la inmunidad de magistrado para propiciar la separación del cargo mientras se desarrolla la pesquisa administrativa en la Justicia Federal de Mendoza.
Los consejeros coincidieron en que resulta imperioso tener acceso permanente y actualizado a la causa penal que tiene al juez federal Walter Bento contra las cuerdas junto con la esposa y una decena de abogados, civiles y ex funcionarios policiales.
Fue a pedido de la senadora del Frente de Todos Norma Pilatti que planteó durante la sesión de la Comisión de Acusación y Disciplina: “Hemos mandado un oficio en agosto reiterado en septiembre pidiéndole al juez (federal a cargo de la causa, Eduardo) Puigdengolas que actualice el expediente y si se encargó la pericia contable. No tenemos contestación. No ha remitido ningún tipo de contestación el juzgado” .
La conclusión acerca de este punto no tardó en llegar desde el representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo. “Pido delegar en secretaría que cada lunes requiera actualización para tener el expediente penal completo, evaluarlo y expresarnos cuando llegue esta cuestión”, señaló Gerónimo Ustarroz, miembro de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.
Tonelli había pedido el desafuero cuando la Cámara federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento con prisión preventiva del juez, luego de que no apeló la decisión de primera instancia bajo el argumento de que todo es un lawfare tramado para sacarlo del puesto.
“El juez Bento está procesado acusado de delitos muy graves. Consisten en cohecho pasivo, integrar una asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El procesamiento está firme y consentido. La Constitución no ha sido explícita para garantizar la inmunidad de arresto a los jueces como lo ha hecho a los legisladores”, señaló en la comisión Pablo Tonelli, diputado del Pro e instructor de la pesquisa administrativa.
En el Consejo de la Magistratura saben a entender que la situación procesal del juez es gravísima pero casi todos los consejeros se pusieron firmes en que haber separado a Bento hubiera sentado un precedente fuera de la ley. También se confirmó que entre octubre y noviembre deberán presentarse a declarar en las oficinas del Consejo todos los testigos ofrecidos por el fiscal investigador, Dante Vega, y por el juez procesado.
Esas pruebas más los peritajes contables serán indispensables para arribar, posiblemente ya el año próximo, a la conclusión de que Bento debe ser suspendido y sometido a juicio político. Pero para que ese escenario sea real deberá pasar mucho tiempo, y algunos hechos sensibles a la vida política e institucional de Mendoza y el país: como las elecciones legislativas del 14 de noviembre que en esta provincia tendrán a Bento como protagonista de peso por su condición de juez con competencia electoral, como en las PASO.
El espíritu de la votación fue no violar la Constitución
En la Comisión de Acusación y Disciplina saben que el futuro de Bento es complicado a la luz de la acusación penal que se investiga en Mendoza.
Sin embargo, en la faz administrativa no quieren actuar de manera precipitada, sobre todo cuando planteos como el de Tonelli sorprenden por dejar la puerta abierta a futuras impugnaciones por avanzar casi clausurando un proceso que aun está en plena producción de pruebas. Lo que lesiona la Constitución Nacional y otras leyes vigentes.
“No podemos dejar abierta ninguna posibilidad a futuras nulidades”, advirtió la senadora nacional de Juntos por el Cambio Silvia Giacopo a poco de la votación. Otro punto que enfrentó a Tonelli con uno de los consejeros, en este caso Alberto Lugones, es la citación de cuatro magistrados federales de Mendoza para dar testimonio acerca de Bento y su conducta profesional.
Tonelli explicó que había declarado la inconveniencia de que declaren “porque pueden estar llamados a intervenir en la causa penal contra Bento en su condición de magistrados”.
Sin embargo, el camarista federal Lugones salió al cruce exponiendo que ese planteo “en otro momento era razonable: ahora ya no lo es”. Y explicó: “(El juez federal Marcelo) Garnica no intervendría en la causa penal (ya se había apartado bajo el argumento de la vieja amistad con Bento cuando se iniciaba la etapa de instrucción), los fiscales que se piden como testigo no influyen en la causa y el último ya intervino y no intervendría nuevamente”.
Fue tajante Carlos Matterson, representante de los abogados del interior del país cuando opinó al final de su exposición y anticipó su rechazo al pedido del diputado del Pro: “Sería un hecho grave desaforar a una persona sin seguir lo que indican la Constitución y la ley de reglamento del Consejo”.
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