La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de cuatro mujeres en una cárcel de Tucumán y pidió al Estado "que se investiguen los hechos con debida diligencia reforzada" y se adopten medidas inmediatas "para evitar la repetición de este tipo de hechos". También recordó que se debe cesar " la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente". Una de las fallecidas estaba detenida allí desde febrero de este año.
El pasado 2 de septiembre murieron cuatro mujeres alojadas en la Brigada Femenina de Concepción, una ciudad al sur de San Miguel de Tucumán. Se trata de María José Saravia, Macarena Salinas, Micaela Rocío Mendoza y Yanet Santillán quienes, según contaron sus familiares, se abrazaron en los últimos minutos que les quedaba de vida dentro de su celda.
Las mujeres murieron quemadas y asfixiadas durante un incendio que habría sido provocado por un cortocircuito en el marco de un reclamo de las detenidas que en esos momentos reclamaban por mejoras en las condiciones de detención. A ello se sumó que la Brigada estaba sobrepoblada en un contexto de hacinamiento.
La CIDH manifestó, en el comunicado difundido esta semana, "su especial preocupación por la situación en que se encuentran las personas detenidas en las comisarías" advirtió que "estas personas permanecen alojadas en dichos establecimientos durante meses, pese a que están destinados a detenciones transitorias, caracterizados también por falta de infraestructura y servicios básicos para garantizar condiciones de detención respetuosas de la dignidad humana".
En este contexto, el organismo internacional urgió al Estado argentino a investigar los hechos, "con la debida diligencia y sin demoras" y recordó que "los Estados tienen el deber de conducir investigaciones serias, diligentes e imparciales de todos los hechos ocurridos en centros de privación de libertad que resulten en personas fallecidas o heridas".
Además, teniendo en cuenta que las fallecidas eran mujeres, desde la CIDH remarcaron el deber de los Estados de "actuar con debida diligencia reforzada en la prevención, protección, investigación, sanción y reparación de toda forma de violencia y discriminación basada en género".
Las detenidas fallecidas tenian entre 22 y 25 años. Su familias descreen de la versión oficial puesto que existía una mala relación entre ellas y una de las policías a cargo de la Brigada, Margarita Rodríguez. quien fue pasada a disponibilidad junto a otras tres policías de la brigada.
La CIDH viene pronunciándose desde 2010 en comunicados y en distintos informes anuales. Además otorgó diversas medidas cautelares a favor de personas privadas de la libertad en comisarias o dependencias policiales. "Los Estados tienen un deber especial de protección respecto de las personas bajo su custodia. Esta obligación implica garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana, y adoptar medidas necesarias que permitan prevenir situaciones de riesgo que amenacen su vida e integridad personal", concluyeron desde el organismo internacional.
Al igual que ocurrió en marzo de 2017 en una comisaría de Pergamino, donde murieron siete personas, y un año después en Esteban Echeverría, donde perdieron la vida otras ocho; la sobrepoblación carcelaria y el alojamiento permanente de personas en comisarías tuvo resultados mortales.
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