Así se lo hicieron saber desde la Asociación de Abogados de Buenos Aires a la presidenta de la Cámara Nacional del Trabajo, la jueza Graciela Carambia, en una nota enviada días atrás. Advierten que el fuero laboral se encuentra en un estado de "gravedad" al que se suma "el no cumplimiento de plazo alguno para el dictado de sentencias".
"Deben encontrarse soluciones correctivas que mitiguen los efectos negativos en el ámbito en el que nos desempeñamos", sostiene la misiva a la que accedió Tiempo Judicial firmada por la presidenta de la asociación María Elena Barbagelata y que advierte que en caso de que no se tomen medidas denunciarán públicamente la situación y adoptarán "las medidas que la normativa respectiva pone a disposición para intentar revertir el estado de cosas que sobrellevamos".
La nota remarca tres ejes conflictivos que son "atraso significativo en la tramitación de las causas"; "atraso significativo en el dictado de sentencias" y "las dificultades ocasionadas por el trabajo remoto y retraso de audiencias". En cuanto al primer punto se hace una distinción entre el momento pre pandemia y la actualidad.
Desde la AABA explican que los juzgados laborales de primera instancia hasta marzo de 2020 las causas duraban en su trámite en promedio entre 5 y 7 años. "Luego de esta crisis sanitaria, la demora se extenderá, al menos a 10 años", consignan.
Analizan que estas demoras tienen una incidencia y trascendencia puesto que "las causas que tramitan en la Justicia del Trabajo, de carácter alimentario, cuya resolución no debe dilatarse ya que ello acarrea enormes perjuicios a la clase más vulnerable, la de quienes sólo poseen su fuerza de trabajo para subsistir", explican y agregan que también esto influye en los abogados y abogadas puesto que el no avance resulta en la imposibilidad de cobrar honorarios.
A julio 2021 tramitan 4.613 expedientes a sentencia en 1ª primera instancia y 18.525 expedientes a sentencia en las 10 salas de la Cámara del Trabajo.
Con respecto al dictado de sentencias, detallan que "se observa un escaso resultado del trabajo desarrollado por los Juzgados durante los meses en los que, por efecto del COVID 19, los tribunales se encontraron cerrados". Lo que con la reapertura "las sentencias no fueron las esperadas y en la mayor parte de los casos, solo se sumó atraso y angustia a trabajadores y profesionales".
A julio de este año los datos consignan que hay 4.613 expedientes a sentencia en 1ª primera instancia y 18.525 expedientes a sentencia en las 10 salas de la Cámara del Trabajo. Aunque detallan que la cantidad de sentencias registradas en primera instancia "no refleja la realidad" porque "existe una importante demora en pasar a alegar para el posterior dictado de sentencia, que es -en algunos casos- de varios meses".
Entre marzo de 2020 y agosto de 2021 más de 280.000 audiencias fueron suspendidas o no fijadas producto de la situación de pandemia y las medidas relacionadas que se fueron estableciendo. "A la fecha solo se reprogramaron una ínfima cantidad de audiencias", dice la carta y especifica que "se verifican muchas demoras en el traslado de las demandas, las aperturas a prueba, omisión de tomar audiencias".
Y agregan que "hay Juzgados que se niegan, ante pedidos expresos de los profesionales, a fijar audiencias suspendidas, bajo cualquiera de las modalidades habilitadas, argumentando que solo lo harían a la vuelta de la presencialidad".
"Solo exigimos que se cumpla con el trabajo para el que cada uno de los integrantes del Poder Judicial fue designado. Por ello, requerimos se lleve a cabo en plenitud, Superintendencia sobre todos y cada uno de los Juzgados, así como que se les haga saber la situación terminal en la que se encuentran trabajadores/as y abogados/as", concluyen.
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