La asociación de Abogados por la Justicia Social LPBE, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunciaron a los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La denuncia fue radicada ante las Naciones Unidas y se argumentó que hubo prácticas judiciales arbitrarias, persecución de magistrados, tareas de inteligencia ilegal y actuaciones irregulares, todo en el marco del Gobierno de Cambiemos, conducido por el ex presidente Mauricio Macri entre el 2015-2019.

Según trascendió, en la denuncia se señalaron las acciones en contra del juez Gabriel Vitale y de la jueza Zulema Vila, que advirtieron sufrir hostigamiento, persecución y aprietes por parte de los los fiscales Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert.

“Ante la recurrencia de este tipo de acciones y las crecientes denuncias de espionaje ilegal, la CSJN abordó la cuestión en la Acordada 17/2019. Allí estimó que un uso indebido de los instrumentos de investigación criminal, implica la violación de garantías constitucionales y de pactos y de convenciones internacionales de Derechos Humanos”, indicaron.

Además, se advirtió que "la historia reciente de la justicia en Argentina tiene fragmentos de opacidad y algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados. Es por ello, que muchas personas en Argentina sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia”.

Luis Emanuel Amadeo, presidente de AJUS LPBE, Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, en su carácter de presidente y secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y Pablo Abramovich, secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), fueron quienes firmaron la denuncia.

Cabe destacar que, desde los organismos, también se señala a la ex gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, como instigadora, junto con Macri, de la persecución a los funcionarios judiciales.