Se resolvió esta semana realizar un nuevo juicio, fijado para febrero, para revisar las absoluciones en la Megacausa III en Santiago del Estero luego de que la querella, realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de la fiscalía lo pidieran.
El juicio que absolvió a 7 acusados, entre ellos el ex fiscal federal durante la dictadura Santiago Olmedo de Arzuaga y el exmilitar Jorge Alberto D’Amico, fue realizado hace cuatro años. Será el 21 de febrero del próximo año cuando comenzará el debate.
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero y forma parte del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad, que actualmente es impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos.
El objetivo es resolver los obstáculos que impiden el avance de las causas, ya que a lo largo de los años se ha detectado que, en particular, se encuentran en las causas que tienen como acusados a civiles y empresarios.
La causa, con una antigüedad de 18 años, terminó en diciembre de 2017 con 7 condenas y la absolución al ex funcionario judicial Olmedo de Arzuaga, al expolicía Pedro Ledesma y al empresario Raúl Humberto Silva, ex empleado del Ministerio de Bienestar Social de la provincia durante la dictadura.
Quienes resultaron absueltos fueron el ex jefe de los grupos de tareas policiales Muza Asar Curi, el ex militar Jorge Alberto D’Amico y los ex policías Ramiro del Valle López Veloso, Roberto Díaz Cura y Juan Felipe Bustamante.
El Ministerio Público Fiscal formó parte del reclamo a la Cámara Federal de Casación Penal, junto a la querella y fiscalía. La Sala IV fue quien revocó la sentencia anterior y dio luz verde para que la causa sea revisada.
Cabe recordar que la llamada “Megacausa III” fue el primer debate por crímenes de lesa humanidad en Santiago del Estero que sentó en el banquillo de los acusados a funcionarios judiciales de la última dictadura.
Olmedo de Arzuaga y el ex juez federal Arturo Liendo Roca, quien falleció durante el debate, fueron señalados por sobrevivientes que explicaron que ambos magistrados los visitaron cuando estaban secuestrados en el centro clandestino de detención D2.
Como funcionarios de la justicia, ambos desoyeron las denuncias sobre la situación que estaban viviendo y los tormentos que habían sufrido. Son 38 las víctimas de la causa que analiza las responsabilidades policiales y militares en los crímenes cometidos.
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