Se trata de la norma 26.160 que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y suspende los desalojos mientras se realiza un relevamiento de las comunidades del país. En Argentina existen más de 40 pueblos naciones originarias que habitan en todo el país y que esperan que ahora que la Cámara de Diputados convierta en ley la prórroga.
Con 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones el Senado de la Nación dio media sanción a la prórroga de la ley que ahora deberá pasar a diputados. Desde esta semana, representantes de comunidades originarias se encuentran acampando frente al Congreso de la Nación exigiendo la prórroga de la Ley.
"Nos quedamos acá hasta que sea ley y se prorrogue por otros cuatro años más", dijo Alex Frites, integrante de OPINIOA (Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA) desde el acampe. Además de la prórroga las comunidades vienen luchando desde hace años por una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. "El objetivo después de esto es la ley de propiedad comunitaria que nos vendría a dar la escritura y los títulos comunitarios a las comunidades", sentenció Frites
La ley 26.160 específicamente suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. Su vencimiento es el próximo 23 de noviembre y es por ello que las comunidades están exigiendo su prórroga.
Un punto clave de la ley, sancionada por primera vez en 2006, es que ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. A la fecha menos de la mitad de las Comunidades han sido relevadas por la ley; aunque los mayores avances en el relevamiento se dieron durante las dos primeras prórrogas cuando había un presupuesto pertinente para ello.
El organismo encargado del relevamiento es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Después de la media sanción lograda su titular, Magdalena Odarda, explicó que “es un gran paso para seguir avanzando en el cumplimiento efectivo de lo que estipula el art. 75 – inc. 17 de la Constitución Nacional, como así también lo plasmado en los tratados internacionales suscriptos por nuestro país”.
Además sostuvo que esta ley “debe ser interpretada como una verdadera herramienta de paz social" recordando que además de declarar la emergencia "ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas, y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública”.
"Para frenar la violencia y la violación de los Derechos Humanos, instamos a todas las fuerzas políticas tengan celeridad en dar tratamiento a las demandas históricas de los Pueblos Originarios en el cumplimiento de la Carta Magna", dice la convocatoria para la firma en apoyo a las comunidades y por la aprobación de la prórroga. En Argentina existen más de 40 Pueblos Naciones Originarias con más de 2.000 comunidades que mantienen vivas más de 16 lenguas ancestrales.
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