En 2019, Flavia Saganías fue condenada a 23 años de prisión por “escrachar” al abusador de su hija en la red social de Facebook. Saganías lo había denunciado penalmente en el 2017 por abusar sexualmente de su hija de seis años, pero la Justicia archivó la causa. Tras la inacción judicial, la mujer publicó la identidad del agresor en sus redes sociales y, a causa de esto, recibió un ataque por parte de vecinos y familiares que vieron la publicación. En este caso, la Justicia no tardó en darle cárcel a la madre de cinco hijos por “instigar” los golpes que recibió el agresor, y a la madre y hermano de Flavia por haber participado de la golpiza. Mientras tanto, Gabriel Fernández, el agresor, está suelto.
Hoy Flavia pide la extensión de la prisión domiciliaria que viene cumpliendo para poder hacerse cargo de la crianza de sus hijos más pequeños, quienes están próximos a cumplir cinco años de edad y pondría fin a este “beneficio”.
Lo ocurrido se da tras el abandono de la Justicia a esta familia y, sin embargo, aún se niega a aplicar la perspectiva de género para evaluar este caso. Por el contrario, en octubre de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Saganías en mayo de 2020 para que se revea la condena de 23 años de prisión contra Saganías. Un año y medio después, el máximo tribunal cordobés ratificó la pena que pesa contra la mujer.
Por orden de la justicia, Flavia pasó siete meses presa en la cárcel de Bouwer, hasta que le otorgaron la prisión domiciliaria y pudo reencontrarse con sus hijos e hijas en Capilla del Monte.
Presas o muertas por defenderse
El caso de Saganías no es, en absoluto, un hecho aislado. Muchas mujeres que sufren violencia de género y denuncian a sus agresores son condenadas por la Justicia al defenderse. La celeridad judicial que las condena debería ser la que en realidad las proteja. Mas la lógica patriarcal no sólo no batalla a la violencia machista en muchos casos, sino que la ampara tácitamente al hacer oídos sordos cuando sus víctimas denuncian. Atadas de pies y manos, las víctimas de violencia patriarcal quedan encerradas entre las agresiones de sus victimarios y del Poder Judicial. Aunque la Ley Micaela ya se encuentra vigente desde el 2019, la perspectiva de género aún no logra penetrar en cada eslabón de la Justicia.
También en diciembre de este año, Tifany Yasmín O’nell, de 19 años y oriunda del barrio “La Dulce” de Villa Lugano, fue encarcelada por haberse defendido de su agresor, Jesús Ibarra, el jueves 9. La joven sufre desde hace tres años violencia de género, por lo que lo denunció en cinco ocasiones y llamó al 911 pidiendo ayuda en más de una oportunidad.
Finalmente Tifany luchó por su propia vida y se defendió de su agresor. Se la acusa de tentativa de homicidio agravada por el vínculo luego de haber apuñalado a Ibarra en el marco de una situación de violencia hacia ella y ante la demora de la policía.
La joven tenía testigos y pruebas de la agresión sufrida. Aun así, la Justicia decidió revictimizarla al darle prisión, por lo que la defensa, amigos/as y familia se manifestaron frente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción N° 39 que lleva esa causa para exigir su liberación y convocan a más movilizaciones.
Otro caso reciente que responde a esta matriz fue el de Paula Martínez, una joven de 23 años que se suicidó este domingo 26 tras haber sufrido un secuestro por parte de 10 hombres, haber sido drogada y violada en manada con acceso carnal por al menos 7 de ellos. El hecho ocurrió en Florencio Varela, en el 2016, cuando fue al cumpleaños de una amiga.
Martínez tuvo varios intentos de quitarse la vida y hasta permaneció internada en un hospital psiquiátrico tras el ataque. Martínez hizo más de 30 denuncias ante la Justicia, ya que los agresores no sólo continuaban sueltos, sino que la hostigaban constantemente y la amenazaban de muerte. También eran hostigados familiares por personas cercanas a los victimarios. Con el paso de los días, se logró identificar a los autores del hecho, vecinos de la víctima.
Tres de ellos, los investigadores del caso detuvieron primero a tres hombres, de 29, 30 y 40 años. En 2019 arrestaron a otros dos. Todos vivían en el mismo barrio que la víctima. El juicio por este hecho contra los detenidos está programado para marzo del 2022.
Analía De Jesús, o más conocida como “Higui”, Elisa Molina, Marcela Mendoza, Fanny Bulacio y Camila Godoy son sólo algunos ejemplos más de mujeres que han sido víctimas invisibles para la Justicia pero que han tomado visibilidad tras defenderse de sus agresores. Con todo esto, la perspectiva de género en toda la Justicia se hace urgente e irremediable.
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