Piden desclasificar los archivos de inteligencia sobre la represión del año 2001

El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) pidió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al Ministro de Seguridad de la Nación que desclasifiquen la información sobre la protesta social, las organizaciones y las decisiones tomadas desde el Estado durante la represión de 2001. A fin de año la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas por la represión del 19 y 20 de diciembre a funcionarios políticos y policiales del entonces gobierno de la Alianza.

"A partir de esos datos se busca reconstruir la verdad y la memoria sobre la respuesta estatal que reprimió la movilización social y política", indicaron desde el Cels al comunicar el pedido realizado a la interventora de la AFI Cristina Caamaño y al Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández.

A ellos se les requirió la apertura de los archivos de inteligencia que contengan información relacionada con la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, la declaración del estado de sitio, la posterior Masacre de Avellaneda y un lapso más extendido de tiempo que permita contextualizar todos esos episodios. Esto es, desde agosto de 2001 hasta septiembre de 2002.

Entre los datos que se piden se encuentra toda información sobre protestas sociales, reuniones públicas y asambleas durante ese período que tengan los organismos y sobre las decisiones estatales tomadas frente a esas formas de organización. "Del mismo modo lo hizo con la investigación del atentado a la AMIA y diversas causas judiciales en las que solicitamos que se investigue la producción de inteligencia ilegal sobre la organización social", explicaron.

Además se piden los informes que "alimentaron el decreto del ex presidente Fernando de la Rúa que desató la violencia policial en todo el país" para " reconstruir la verdad y la memoria sobre estos episodios y las formas de respuesta estatal que derivó en la represión".

A las informes pedidos se suman también todo lo relacionado con las represiones en esos años en todas las provincias argentinas así como todo dato que haya evaluado la intervención de las Fuerzas Armadas en ese año.

"Se busca conocer si las estructuras de inteligencia condicionaron la respuesta estatal a la organización y a la movilización social y política, como se puede ver en los informes que marcaron los operativos policiales de la Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán", explicaron desde el Cels.

20 años después

A fin de año la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas impuestas para los funcionarios policiales y políticos a cargo de la represión del 19 y 20 de 2001. Los jueces de la sala I, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la jueza Ángela Ledesma y ratificaron las penas que dictó en su momento el Tribunal Oral Federal N° 6 para el entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov, funcionario político a cargo de las fuerzas de seguridad federales; 3 años y 6 meses de prisión para Rubén Santos, quien era el comisario a cargo de la PFA; y 3 años de prisión en suspenso para Norberto Gaudiero, comisario a cargo de las operaciones de la PFA.

También se confirmaron las penas para Carlos José López, 5 años y 9 meses de prisión por homicidio en agresión y lesiones, y Víctor Belloni, a 2 años y 9 meses de prisión por el delito de “abuso de armas”. Más allá de las condenas aún el Poder Judicial todavía no pudo determinar quiénes fueron los policías federales que mataron a Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón en la zona de Plaza de Mayo.