El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH–UNESCO) impulsa junto a otras ONGs que las principales redes sociales -Instagram, Twitter y Facebook- validen la identidad sus los usuarios con el fin de reducir los delitos de acoso y grooming, además de facilitar las investigaciones que realiza la justicia luego de las denuncias.
Según el organismo, Argentina ocupa el segundo lugar de América Latina con más delitos por ciberacoso infantil, sólo por detrás de México, seguida por Honduras, Costa Rica y Chile, y destacaron que “en 2021 se registraron alrededor de 6.000 denuncias, con un promedio de 25 causas judiciales abiertas por día a lo largo y a lo ancho del país”.
La directora ejecutiva del Centro, Fernanda Gil Lozano, dialogó con Tiempo Judicial y explicó cómo surgió la necesidad de reclamar a las empresas que den respuestas ante las denuncias judiciales y la problemática del cambio de época y el uso de la tecnología.
¿Cómo llegan a la necesidad de impulsar un registro más específico de los usuarios?
Comenzamos a analizar la post pandemia en temas que a nosotros nos eran más cercanos, porque si bien este es un centro que se especializa en derechos humanos, el concepto es amplio. La violencia de género, las situaciones de abuso, les prestamos mucha atención. Primero nos sorprendió cómo la pandemia nos había impactado en todo lo que era la violencia hacia las mujeres y después empezamos a alertarnos con todas las estadísticas que hay con respecto a cuánto aumentaron las denuncias por casos de ciberacoso, de grooming sobre todo. Empezamos a trabajar y a dialogar con distintas ONGs que están muy comprometidas e impulsamos un esfuerzo en conjunto.
¿Ahí surgió la propuesta?
Surgió porque es muy importante que las plataformas sociales, como Facebook, Instagram y Twitter, tengan mayor velocidad cuando sea la justicia la que está pidiendo la validación de las cuentas. En Argentina hay una unidad de ciberacoso, pero cuando el juez da la orden las plataformas se toman un tiempo muy interesante. Cuando se puede ver o reconocer algo de esas cuentas ya se borró todo y es mucho más trabajosa la investigación.
¿Qué dicen las empresas?
Que ellos preservan la identidad, y lo que pedimos es que ante el pedido del juez sea, todo más rápido. Por ejemplo, la ley Micaela, que es de ciberacoso, tiene que ver precisamente con una nena de 12 años que asiste una cita que se genera en Facebook y es asesinada. En este contexto que nosotros estamos pidiendo a las plataformas es que, cuando es un juez, eso se valide de forma rápida, ellos lo pueden hacer.
¿Recibieron alguna respuesta?
Lo que sabemos es que las ONGs están trabajando, de hecho, la ley que se sanciona en el 2020, la Ley Mica, se hizo gracias a instancia de la presión de las sociedades civiles.
¿Cuál es el problema? Que no está reglamentada en Argentina esta ley, tiene 2 años y no sé reglamento. Nosotros sabemos que, cuando se reglamentan las leyes, pasan a ser declaraciones, no se cumplen. Entonces, por un lado, lo que estamos pidiendo es que se reglamente, y por el otro, las empresas que todavía no contestaron nada, pero nosotros vamos a volver a insistir.
¿Qué muestran las estadísticas?
Los números son bastante grandes y en los informes está asentado que aumentó la cantidad de casos en el último año. Con el comienzo de la pandemia los chicos estuvieron mucho más expuestos a las redes por distintos motivos, entre ellos por el colegio. Esto trajo un impacto muy negativo, porque la verdad es que estuvieron muy expuestos a gente muy inescrupulosa. Por ejemplo, el año pasado hubo 25 causas por día. Y el objetivo también es que los padres no planteen un castigo, sino que esta problemática es para sentarse y conversar, lo mismo que con los docentes.
¿Quiénes son las principales víctimas?
Sobre todo los menores de edad, chicos y chicas que están entre los 12 y los 18. Hay que tomar conciencia que, por cada víctima de grooming que sufren solos, del otro lado hay asociaciones mafiosas, redes que están funcionando y engañando a niños y niñas.
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