El año pasado se dio un récord de incendios en las islas del Delta del Paraná, en la provincia de Entre Ríos, uno de los tantos conflictos ambientales que viene sufriendo el país, y las causas judiciales aún continúan con su marcha a sus tiempos. Antes de la feria judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su “competencia originaria” en la causa por la quema iniciada contra la provincia y el municipio de Victoria.
La causa fue iniciada por un grupo de niños y niñas vecinos de la ciudad de Rosario representados por sus padres y dos entidades ambientalistas que presentaron una acción de amparo ambiental colectivo por “las omisiones e incumplimientos en relación al deber de preservar la integridad de los humedales del Delta del Paraná”.
En la acción se detalla que las autoridades realizan una “gestión gubernamental ausente, omisa y obsecuente con la destrucción aberrante del Delta del Paraná” detallando que las islas del delta entrerriano, “se queman por la consolidación de la expansión ganadera” y por “la gran invasión del monocultivo de todas las extensiones de nuestros campos, lo que implicó el traslado de la ganadería a las islas, con la anuencia inaceptable de los gobiernos”.
Además de la provincia de Entre Ríos y el municipio de Victoria, se suman las provincias de Santa Fe y Buenos Aires en el expediente porque estas no actuaron en cuanto “al tratamiento conjunto de mitigación y emergencias ambientales de efectos transfronterizos”. Los jueces de la Corte destacaron la existencia de diversos procesos de amparo colectivo ambiental, por lo menos cinco más, que tienen el mismo objeto y la misma causa, con pretensiones conexas, y con una relación de continencia que determina su acumulación.
Acumulación que se justifica por la necesidad de conjurar el riesgo de decisiones contradictorias y el consiguiente escándalo jurídico que originaría el tratamiento autónomo de pretensiones que se encuentran vinculadas. Así como la competencia originaria del máximo tribunal del país que tal y como lo dictaminó en su momento la Procuración General de la Nación “por ser parte tres provincias en una causa de manifiesto contenido federal, pues se trata de un supuesto de problemas compartidos por más de una jurisdicción”.
Por ello, además de declarar su competencia, dispuso la acumulación de este proceso a las causas relacionadas, aclarando que tramitarán por separado y se dictará una única sentencia. Asimismo, requirió a las provincias y la municipalidad demandada el informe circunstanciado que prevé la ley de acción de amparo, que deberá ser contestado en el plazo de treinta días.
Mientras tanto, el proyecto de Ley de Humedales que protegería lugares como el Delta del Paraná, descansa en los escritorios del Congreso de la Nación a la espera de ser tratado mientras el tiempo corre. Con media sanción del Senado de la Nación aún no pudo ser tratado por Diputados y el próximo 1 de marzo perderá estado parlamentario.
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