La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene desde hace tiempo entre sus escritorios la causa en la que debe decidir sobre si las torturas en Malvinas son delitos de lesa humanidad. Varios tribunales dijeron que sí lo eran pero el año pasado la Cámara Federal de Casación Penal dijo lo contrario. Se trata de una causa que ya suma 15 años de trámite y en la que 176 personas han declarado en la causa como testigos o víctimas y sólo 4 militares fueron procesados de los 95 denunciados.

Este año se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas y aún la Justicia no termina de considerar lesa humanidad las torturas sufridas por los soldados por parte de sus superiores durante el conflicto bélico. El año pasado la Casación Penal consideró, con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone y la disidencia de Ana María Figueroa que la imputación contra un acusado de torturar a soldados en Malvinas ya había sido juzgada en otro expediente.

Se trata de Jorge Oscar Ferrante que al momento de las torturas era Subteniente como Jefe de la Tercera Sección Tiradores de la compañía B del Regimiento de Infantería 5. La causa fue apelada y llegó al máximo tribunal del país que desde hace meces la tiene en sus escritorios.

Hay que recordar que en 2015 la Corte Suprema perdió una oportunidad de considerar lesa humanidad las torturas en lo que se conoció como la causa "Taranto". El antecedente fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Maqueda y Carlos Fayt. Los jueces rechazaron ese mismo año también un pedido de revocatoria contra su propia decisión.

De esos, sólo Lorenzetti y Maqueda integran la actual conformación. Entre las torturas que sufrieron los soldados durante la guerra pueden mencionarse los estaqueamientos; enterramientos de soldados desnudos hasta el cuello; obligación a soldados a sumergirse desnudos en agua helada; aplicación de picana 13 con teléfonos de campaña; golpizas y prácticas de tormentos; amenazas con armas de fuego (abuso de armas, incluso en algunos casos con disparos incluidos); entre otras.

"El retardo de justicia genera re victimización", dice a Tiempo Judicial Jerónimo Guerrero Iraola, integrante del equipo jurídico del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, uno de los querellantes en la causa y recuerda que "cuando han habido graves violaciones a los derechos humanos hay un deber del estado de juzgar a los autores, no puede eludir la responsabilidad que tienen de investigar y juzgar"

El abogado recuerda que "la justicia construye verdad" y por eso "es importante que el pueblo argentino sepa que paso con sus soldados durante la guerra". Las defensas de los procesados sostienen que la causa estaría prescripta, precisamente, porque no serían delitos de lesa humanidad.

"El Poder Judicial, en relación a Malvinas, ha desoído sistemáticamente los estándares del sistema interamericano de derechos humanos", insiste Guerrero Iraola y destaca que existe el deber de juzgar delitos que impliquen graves violaciones a la dignidad humana y "las torturas lo son".

A nivel internacional también se inició el camino para que sean reconocidos estos delitos y para que las víctimas tengan la debida reparación integral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra analizando si admite o no el caso P460-15 "Centro de ex conbatienes Islas Malvinas la plata". A fines del año pasado uno de las víctimas le escribió al organismo internacional para que admita el caso, aún no obtuvieron respuesta.