La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso presentó el jueves ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los magistrados Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, a quienes acusan de "mal desempeño en sus funciones", por desvincular de una causa de espionaje a los responsables de la AFI en el Gobierno de Cambiemos, y avalar la teoría del "cuentapropismo" en la que habrían incurrido los agentes de ese organismo.

Los legisladores del Frente de Todos de esa comisión -encabezados por Leopoldo Moreau, por Diputados y Oscar Parrilli por el Senado, se reunieron la tarde del jueves con el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, a quien le presentaron un escrito de unas 25 páginas con los argumentos para impulsar un enjuiciamiento contra los dos miembros de la Cámara Federal Porteña.

Molea, junto a otros integrantes del organismo, como Graciela Camaño, recibió a Moreau y a los diputados Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdes, y Blanca Osuna como contó ayer Tiempo Judicial. El impulso del jury es tras la decisión del pasado 21 de diciembre de la Sala II que integran Bertuzzi y Llorens, junto al juez Farah que votó en disidencia, de revocar el procesamiento que había dictado el juez de Lomas sobre los ex titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La presentación hace énfasis en todas las causas que investigan el espionaje ilegal de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri período 2016-2019 donde la Comisión de Inteligencia del Congreso analizó "ya con profundidad el funcionamiento del organismo de inteligencia estatal y arribó la conclusión de que por entonces “se llevó adelante un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno Nacional que consistió en la violación de elementales derechos humanos y la persecución de ciudadanos argentinos por el sólo hecho de su pertenencia política”.

Los legisladores señalaron que "el propio contenido del fallo aquí recurrido, por sí mismo corrobora los temores de parcialidad fundadamente invocados por las querellas respecto de los jueces Llorens y Bertuzzi. Basta para ello remitirse a los escritos que presentara nada menos que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, señalando, una vez más, la manera en que la garantía del juez natural resultaba mancillada en el caso".

En la misiva presentada ante el Consejo que vive horas convulsionadas por su posible ampliación de su número de integrantes y su virtual paralización, los legisladores de la comisión bicameral expresaron que “(…) el mal desempeño denunciado ha quedado evidenciado y debe ser objeto de consideración por ese Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Las propias víctimas de la organización delictiva investigada han descripto en sus presentaciones “las circunstancias objetivas que demuestran la gravedad institucional que reviste el caso” y que “por todo ello, resulta indispensable que de una vez por todas el servicio de administración de justicia se haga cargo de dar una respuesta respecto de hechos que exceden largamente el interés de las partes constituidas en la causa, de algún grupo de personas o corporación o incluso de un determinado sector político, ya que se encuentra en juego el normal funcionamiento de las instituciones democráticas en su conjunto”.

"A la luz de estos antecedentes y de las abrumadoras evidencias reunidas en la investigación llevada a cabo por el juzgado federal de Lomas de Zamora, resulta inaudita la resolución de la Cámara Federal que revocó el procesamiento del exdirector general de la AFI Gustavo Arribas y de otros altos funcionarios de la agencia", agregaron.

Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi revocaron los procesamientos de Arribas, del exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Stefano, y del exdirector del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, entre otros. Así como dictaron falta de mérito para Silvia Majdalani.

"Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país", explicaron los camaristas para sacarle responsabilidad a los "popes" de la AFI abonando la teoría del "cuentapropismo" de los espías procesados, es decir, que actuaron por su cuenta, no por órdenes de sus superiores políticos.