“A mi hija la mató el sistema”, dice a los medios Patricia Nasutti, la mamá de Úrsula Bahillo, la adolescente asesinada de 15 puñaladas y degollada por su entonces ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, durante el 2021. La madre apunta ahora su demanda al Estado, y cabe entonces la pregunta: ¿Cómo puede el Estado ser el responsable de un femicidio?
En primer lugar, Martínez era policía, y esta no es una información secundaria. “En CORREPI acreditamos que el 20% de los femicidios son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad”, indicó, en diálogo con Tiempo Judicial, Ismael Jalil, abogado y dirigente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
La institución estatal dedicada al cuidado del pueblo argentino tiene alto índice de violencia machista. Al respecto, Jalil agregó: “Rodolfo Walsh decía que, en general, los policías tienen vocación de violencia y que hasta sus cuestiones incidentales, menores y hasta conflictos familiares, los resuelven con el uso de su arma reglamentaria. En este caso puntual, el cuchillo con el que Martínez mató a Bahillo reemplazó a la 9 mm. pero se inscribe en esa misma concepción. Esto es más que un dato, es una comprobación de lo que decía Walsh hace sesenta años y de lo que implica desplegar en las calles a estas fuerzas”.
En segundo lugar, la Justicia como aparato no sólo de juicio a los delitos cometidos, sino como interventor de la prevención de los mismos, que también ha fallado en el caso de la adolescente oriunda de Rojas (provincia de Buenos Aires), quien en reiteradas oportunidades había pedido ayuda expresamente.
“Todos saben que a mi hija me la mató el sistema. No olvidemos que el juez de Mercedes tenía el pedido de detención inmediata el 5 de enero por una cámara gesell que le hacen a una nena con discapacidad. Como él era subrogante y estaba de vacaciones, no iba a abrir la fiscalía para detenerlo. El exnovio de mi hija rompió las perimetrales. Me desecharon las denuncias diciendo que no había peligro y me la mató. Si hubiesen atendido las denuncias, hoy Úrsula estaría viva”, expresó Patricia.
Según datos del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", sólo a principios de este año 2022, el 14% de las mujeres víctimas de violencia de género que terminaron siendo asesinadas ya había realizado al menos una denuncia contra su femicida, y sólo el 7% tenía una medida de protección judicial. Estas cifras se repiten año a año, marcando las dos mismas conclusiones: que al menos la mitad de las mujeres que denuncian violencia machista terminan siendo asesinadas igualmente, siendo las medidas por parte de la Justicia para su protección claramente insuficientes. Y, por otro lado, el bajo porcentaje de mujeres que deciden denunciar a su agresor. La razón tiene que ver con el miedo a las represalias del violento y la desconfianza en el accionar de la Justicia en proteger sus vidas y/o las de sus hijos e hijas.
El caso de Úrsula no es el primero, sino que responde a un engranaje que lleva larga data y que aún no ha sido modificado por el Estado. Es por esa misma negligencia que el Estado es responsable de todas las Úrsulas Bahillos y el demandado por la familia de la adolescente.
“La municipalidad de Rojas no me proveyó lo mínimo que esperábamos ante múltiples denuncias, que era un botón antipánico. Llegó el 9 de febrero, me la asesinaron a Úrsula el 8. Reciben una suma importante de dinero y no está destinado para que se terminen todos estos flagelos”, expuso la madre en una entrevista concedida a TN.
Nasutti, además, propuso “Ya que el Estado no nos escucha, tendría que formar un espacio para que con madres y padres del dolor puedan trabajar en conjunto y nos reciban. Hay muchos que pueden sobrellevar el dolor, pero hay muchos que no”.
Aniversario de la muerte de Úrsula
El martes 8 de febrero se cumplió un año de transcurrido el femicidio de Úrsula. Ese día, amigas/os y colectivos de familiares de víctimas llevaron a cabo una concentración en Rojas para reclamar la destitución de los dos magistrados que desoyeron las denuncias previas contra el asesino de la joven: Marcelo Romero, subrogante del Juzgado 1 del Departamento Judicial de Mercedes, y Luciano Callegari, juez de Paz Letrado de Rojas.
“Todo esto es por todas las chicas que nos faltan. El Estado ausente me mató a mi hija. El Poder Judicial me mató a mi hija. Acá necesitamos ser escuchados y escuchadas. Las banderas no se tocan”, dijo Patricia. Y siguió: “Voy a seguir luchando para que se haga Justicia. El juez Marcelo Romero, no abrió la causa por quedarse en su pileta”.
Sobre Callegari pesa actualmente un pedido de juicio político impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL), ya que “el magistrado mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes en relación a las denuncias contra quien terminó siendo el femicida de Úrsula Bahillo”.
En cuanto al femicida, Matías Martínez, fue condenado a prisión perpetua. La familia de Úrsula sabe que su hija no volverá, pero sí que su lucha puede ayudar a que este caso no vuelva a repetirse.
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