La Federación de Magistrados rechazó que su régimen jubilatorio sea “un privilegio”

Según medios nacionales con acceso al acuerdo con el FMI, la medida de ajuste sobre el poder judicial “revisará regímenes jubilatorios especiales” los cuales fueron revisados hace dos años con una ley sancionada que ya modificó el cálculo de los haberes jubilatorios de los magistrados y magistradas, entre otras medidas.

Primero, se expresaron desde la Asociación de Magistrados (AMFJN) rechazaron la reforma de las jubilaciones de los jueces y fiscales y hoy desde FAM hicieron saber más argumentos. Más de 16 mil jueces y fiscales del país rechazaron la posible reforma jubilatoria para el Poder Judicial prevista en el acuerdo con el FMI y explicaron los detalles de un cambio que impulsarían desde el Gobierno Nacional.

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) nuclea jueces, fiscales y funcionarios de las provincias y de CABA, y enviaron a Tiempo Judicial un comunicado en el cual “expresan públicamente su rechazo a un nuevo intento de modificar una ley que –vale remarcarlo- ya fue modificada por este gobierno hace menos de dos años”.

“La independencia judicial es una garantía instituida en beneficio de la sociedad, y no un privilegio de los operadores judiciales”, expresó el comunicado de FAM que hoy presidida la jueza tucumana, Marcela Ruiz.

“Se ataca al sistema judicial en un debate que sólo pretende distraer la discusión de los verdaderos ejes del problema y de las medidas conducentes a solucionarlo”.

Desde la entidad argumentaron que el régimen especial de jubilación de la magistratura se sostiene con el aporte de sus integrantes calculándose su haber con el promedio de los últimos 10 años de aportes. Por eso este régimen especial no es un privilegio sino el resultado de los años y los porcentajes aportados.

Agregaron que su incidencia en las cuentas públicas es insignificante y que los salarios de los integrantes de FAM son menores a la justicia federal: “Las consideraciones que se realizan implican un desconocimiento de las realidades de los sistemas judiciales de las justicias provinciales y de CABA”, dijo FAM.

Para agregar que “se habla de salarios y jubilaciones con cifras que en nada se asemejan a las que percibe la mayoría de quienes atienden el 85% de los conflictos judicializados del país”.