En el mes de enero, durante la feria judicial, el sistema de justicia de la provincia de Chaco fue atacado y se suspendieron los servicios digitales. Tras un peritaje e investigación se llegó a la conclusión que la totalidad del sistema fue afectado, incluso, las computadoras de escritorio conectadas al sistema.
El Poder Judicial chaqueño afronta, así, el ataque informático más reciente en el sector público, que acumula otros episodios recientes. Entre ellos, en el Senado de la Nación, que el 12 de enero afrontó un ciberataque de sus sistemas por piratas informáticos que secuestraron información. En octubre pasado, en tanto, una base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) se filtró y apareció a la venta en Internet, aunque desde el organismo negaron un hackeo. Y en septiembre de 2020 fue la Dirección Nacional de Migraciones la que denunció el robo de información y que hackers le pedían un rescate millonario.
Organismos judiciales, como la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) conducida por Julio Piumato, expresaron su preocupación por la fragilidad del sistema informático del Poder Judicial nacional.
Piumato, a finales de febrero, publicó en los medios un artículo sobre el acontecimiento en el que detalló: “El daño aún no puede ser relevado en su real dimensión. La cantidad de información y archivos que deben ser verificados y recuperados es inmensa. Las intensas y diversas actividades de gestión que se llevan adelante en los distintos fueros judiciales, tampoco dejan espacio para el análisis del impacto”.
“Desde la UEJN creemos imprescindible instalar cuanto antes las novedades tecnológicas que garantizan la seguridad de las bases de datos y sistemas de gestión judicial. Esto no es nuevo para nosotros, desde hace tiempo cuestionamos el sistema Lex100, por considerarlo inadecuado y anacrónico en los tiempos informáticos que vivimos”, consideró en su escrito.
Desde la asociación, consultada por este medio, señalaron que, si bien se han dado cambios y avances en los sistemas y la propia sistematización digital de procesos administrativos, aún no existe una plataforma firme para que respalde una actualización profunda del software más utilizado en el Poder Judicial: el Lex 100.
El secretario general de la Unión señaló que “el sistema de gestión informática es, junto a la precariedad edilicia, la falta de tribunales y de personal suficiente en los existentes, uno de los elementos de la situación patética del estado de emergencia judicial en que se encuentran tanto el Poder Judicial de la Nación, los Ministerios Públicos nacionales, así como la mayoría de los poderes judiciales de nuestras provincias”.
La Unión advirtió que es necesario declarar la “emergencia”, y consideraron que estos hechos corresponden a actos vandálicos y un delito en toda su totalidad. La tecnología utilizada, explicaron, tiene más de diez años y se transformó por el paso del tiempo en un sistema completamente vulnerable a cualquier ataque.
El motivo de los ataques, opinaron, es la manipulación de la información, el contrabando de la misma, el “secuestro la documentación” que, se sabe, cotizan en el mercado negro para pedir un rescate o la propia importancia.
También, un punto importante que destacan, es que las modificaciones y los avances deben hacerse tras realizar un relevamiento con los propios empleados judiciales sobre cuáles deben ser los puntos a actualizar con mayor urgencia, y no que se realice en base a un análisis de alguna empresa privada.
“En materia de seguridad informática, la actualización tecnológica es fundamental e imprescindible. Y a ello debemos apuntar para garantizar la seguridad de nuestras bases de datos y de nuestro sistema de gestión. Que lo que pasó en el Chaco, nos sirva de enseñanza”, concluyó Piumato.
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