Tras una resolución judicial en la provincia de Córdoba, un banco deberá pagar una indemnización a una jubilada que fue víctima de una estafa virtual llamada phishing, tras considerar que la entidad financiera no tomó las medidas necesarias para proteger a su cliente de este fraude.
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 3° Nominación de San Francisco, a cargo del juez Carlos Ignacio Viramonte, fue quien emitió la condena por la cual el banco deberá pagar una indemnización por daño moral y otra por daño punitivo.
La clienta había denunciado ser víctima de una ciberestafa que, tras la manipulación de los delincuentes, obtuvieron información personal sobre sus cuentas y claves de acceso. La justicia dictaminó que serán restituidos el dinero que se transfirió a cuentas de terceros y el pago de un crédito tomado a su nombre.
El juez Viramonte señaló que este banco también incumplió con el deber de información y trato digno durante la tramitación del reclamo extrajudicial, instancia en la que el usuario permaneció sin obtener explicación alguna de lo acontecido y mucho menos soluciones a su urgencia. Asimismo, durante el proceso judicial, la entidad financiera debió ser emplazada por el tribunal para que haga conocer la realidad de los hechos.
La estafa
La clienta recibió un correo electrónico que simulaba ser, por tener el mismo formato, de su banco. En dicho mail, se le pedía que actualice su información personal a través de un link que la remitió a una página que fue diseñada con la misma apariencia del Home Banking.
De esta forma, los estafadores ingresaron a la página real y cambiaron el número de celular para que les lleguen las claves bancarias y operar como la titular. Se solicitó un préstamo personal y hubo transferencias de dinero.
El juez explicó que, si bien la entidad bancaria no había tenido vulneraciones en sus sistemas de seguridad, es riesgoso que el acceso se pueda realizar de manera remota y que se brinden tantas posibilidades de modificación. “Nunca debe considerarse que los usuarios se encuentran capacitados en el uso de las tecnologías y conscientes de los riesgos a los cuales están expuestos”, subrayó.
Las sumas que deberá pagar son 200 mil pesos en concepto de indemnización por daño moral y 400 mil pesos por daño punitivo.
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