Dos organismos de derechos humanos que actúan de querellantes en el juicio que investiga lo ocurrido con siete víctimas en el excentro clandestino de detención Pozo de Arana durante la dictadura cívico-militar, Justicia Ya y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, exigieron la reclusión perpetua para los genocidas Miguel Etchecolatz y Julio Garachico.
Los organismos indicaron al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por Andrés Fabián Basso, José Michelini y Alejandro Esmoris, que volverán a “acusar a Miguel Etchecolatz y solicitar la prisión perpetua, que se sumará a su currículum genocida", según indicó la abogada Pía Garralda, de Justicia Ya.
Cabe recordar que el juicio, comenzado el 30 de agosto de 2021, investiga el accionar de Etchecolatz y el exjefe de calle de la Policía bonaerense en la Unidad Regional La Plata, Julio Garachico en 1976, que tuvo como víctimas a Julio López, dos veces desaparecido, y seis de sus compañeros y compañeras de militancia de la unidad básica "Juan Pablo Maestre", ligada a Montoneros, del barrio platense de Los Hornos.
Además, la abogada expresó que “este juicio debía contener todos los hechos de la zona represiva de Arana, con todos los imputados. Aportamos el listado con nombre y apellido y hoy solo acusamos a dos (en alusión a Etchecolatz y Julio César Garachico)", y detalló que Jorge Julio López "declaró que en Arana funcionaba una 'patota' de torturados, y dio sus nombres, y sólo llegan dos a este juicio".
Asimismo, Garralda explicó: “Resaltamos la imperiosa necesidad a 46 años de profundizar esa investigación, determinar el inicio y cierre de cada centro represivo que funcionó en Arana, determinar los roles específicos de las autoridades allí asignadas y la suerte corrida por cada víctima ya que hasta junio de 2021 estaban siendo juzgados 1030 genocidas , teniendo en cuenta que en el país funcionaron 700 centros clandestinos de detención, nos daría un promedio casi de dos genocidas por centro y es ilógico pensar que un centro funcionó con dos personas”.
En tanto, indicó que ambos organismos volvieron a “exponer los fundamentos para que se condene a los represores como coautores del delito de genocidio resaltando que la maquinaria represiva estatal tenía por objetivo la destrucción de un grupo humano a los que secuestró, torturó y fueron víctimas de padecimientos psicológicos, físicos, incluidos los delitos sexuales, que no fueron aceptados en este juicio”.
“Resaltamos como una de las consecuencias de la última dictadura cívico militar eclesiástica la deuda externa ilegal e ilegítima, amparada por todos los gobiernos constitucionales, denunciando que el nuevo acuerdo con el FMI se aprobó con una represión a quienes estaban ejerciendo su derecho a la protesta”, concluyó la abogada.
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