Una causa tiene a 25 acusados por la represión desatada contra trabajadores del cordón industrial en marzo de 1975, como consecuencia de las protestas laborales conocidas como “el Villazo” en Villa Constitución, Santa Fe, en los setenta previo al golpe de Estado. La otra tiene a dos exagentes castrenses de inteligencia por el robo de pruebas en 1984 de un juzgado provincial que investigaba crímenes de lesa humanidad.
Los jueces federales de Rosario Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros elevaron a juicio oral y público sendas causas que abordan crímenes antes y después de culminada la dictadura. El representante del MPF acusó al empresario, a un exmilitar, a 21 expolicías federales, a un expolicía provincial y a un exprefecto por su intervención en distintos casos de privación ilegítima de la libertad agravada contra un total de 50 víctimas.
El juez Bailaque investiga la represión desatada en marzo de 1975 contra trabajadores del cordón industrial rosarino con posterioridad a las protestas por reclamos laborales en Villa Constitución, conocidas como "el Villazo". En esa línea, el juez Vera Barros hizo lo propio con el expediente que aborda el ataque en octubre de 1984 a un juzgado provincial y el robo de medios probatorios que comprometían en crímenes de lesa humanidad a camaradas de los dos exagentes de inteligencia acusados en la causa.
La decisión de Bailaque, titular del Juzgado Federal N°4 de esa ciudad, fue adoptada el 8 de marzo; Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal N°3, dictó su resolución el 15 de marzo pasado tras el pedido que había realizado el año pasado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte y donde son querellantes la UOMRA, el CELS, la APDH, la Liga y la secretaría de DDHH de Nación.
En la causa por los delitos de 1975, llegarán a juicio 25 acusados, de los cuales 24 no cuentan con condenas por crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos es el exjefe de personal de la empresa metalúrgica Acindar, Roberto Pellegrini. La fiscalía consideró a los acusados -la mayoría exmiembros de fuerzas de seguridad- como autores de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial. Así como Oscar Torralvo, ex funcionario de la siderúrgica “Acindar”, acusados de crímenes contra 67 personas.
En tanto, en la causa por el robo de expedientes y el material probatorio vinculado a crímenes de lesa humanidad del Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario, están acusados el entonces segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, Luis Américo Muñoz, y su superior, el jefe de inteligencia del Comando del Cuerpo II del Ejército, Héctor Fructuoso Funes.
Ambos fueron acusados por la fiscalía y llevados a juicio de los delitos de privación ilegítima de la libertad en tres casos, por robo calificado en dos hechos, así como por la supresión de medios de prueba y de documentos públicos.
¿Qué pasó el 20 de marzo de 1975?
En la presentación, el fiscal recordó como antecedentes de los hechos represivos que en 1974 la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) estaba intervenida y que los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución iniciaron medidas de fuerza para elegir a sus propios representantes. En Acindar se gestó una comisión interna encabezada por Alberto Piccinini, que se enfrentó a la conducción de Lorenzo Miguel. La empresa intervino en el conflicto con la expulsión de doce delegados.
El conflicto derivó en un huelga en marzo de 1974. En ese contexto, la Policía Federal inauguró una sede en dependencias del "Albergue de Solteros" de Acindar. De las centrales fabriles más importantes, los trabajadores tomaron en señal de protesta Marathon y Acindar y abandonaron Metcon, que había sido ocupada por la Gendarmería Nacional.
El 20 de marzo de 1975 la ciudad de fue "literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provincial de Santa Fe –incluyendo a la división de guardia rural “Los Pumas”- y bonaerense, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército".
En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que "hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas". La represión se generalizó y hubo homicidios y allanamientos a las viviendas de los trabajadores y al comité local de la UOM, que fue intervenida.
Los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante sesenta días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas.
"A partir de ese momento, se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo", expresó el fiscal investigador de la causa en la elevación a juicio a la cual accedió Tiempo Judicial.
Las víctimas secuestradas en esos días fueron trasladadas a la jefatura policial de Villa Constitución, a la Delegación Rosario de la Policía Federal, al “Albergue de Solteros” de Acindar, a la jefatura de Policía de Rosario, a la Prefectura, a la Brigada de San Nicolás, a Coordinación Federal y al propio local de la UOM, "lo que demuestra la coordinación y planificación entre las fuerzas represivas", indicó el fiscal.
Villatte precisó que las razones alegadas por el gobierno para llevar adelante esta represión constan esencialmente en un comunicado conjunto de varios ministerios nacionales, emitido el 22 de marzo de 1975, que dice que los informes de inteligencia permitieron detectar un “complot inusual, consistente en una vasta operación subversiva terrorista” en la zona industrial del río Paraná, entre Rosario y San Nicolás.
Los objetivos, señalaron, consistían en paralizar la producción industrial y copar y usurpar las delegaciones gremiales y que, por ello, fuerzas coordinadas de la Policía Federal, Prefectura, policía de Buenos Aires y de Santa Fe comenzaron el 20 de marzo a las 4 de la mañana un operativo para desvertebrar el complot, que obtuvo “exitosos resultados” y, a raíz del descubrimiento de nuevas "ramificaciones", obligaban a las fuerzas de seguridad a continuar su acción operativa.
Comentarios recientes